lunes 8 de julio de 2024
EDITORIAL

¿Acto de justicia o irresponsabilidad fiscal?

El intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, anunció durante su discurso...

Por Redacción El Ancasti

El intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, anunció durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que 100 empleados contratados pasaban a planta permanente del municipio. 

La efectivización de los trabajadores en este municipio se suma a otras, aunque dictaminadas por la Justicia, como los casos de Recreo y Valle Viejo. El resultado es el mismo: más empleados a la plantilla del sector público, aunque la vía por la que ingresan son diferentes. En unos casos por decisión de la Corte de Justicia de la provincia luego de planteos judiciales de los propios trabajadores; en otros, por decisión política del intendente.

El tema en cuestión tiene aristas complejas y distintas posibilidades de abordaje. Si la perspectiva es desde el lugar de los trabajadores, que tienen que vivir de un sueldo para mantener a sus familias, la decisión es un acto de justicia. Si el punto de vista, en cambio, es desde la sustentabilidad de las finanzas municipales, la disposición puede ser señalada como carente de responsabilidad fiscal, y hasta acusada de buscar réditos proselitistas.

No es novedad que el Estado en todos sus niveles tiene superpoblación de trabajadores, en particular en los municipios. Si ya son demasiados los que revisten en planta permanente, cada intendente designa su propia nómina de trabajadores, en muchos casos por compromisos políticos asumidos antes y durante la campaña electoral que lo llevó a ese cargo. La modalidad de nombramiento es a través de contratos temporarios -aunque se van renovando una y otra vez- o becas. En ambos casos, los ingresantes a la plantilla estatal son sometidos a una situación de precariedad laboral. Es decir, si bien consiguen un ingreso fijo de las arcas públicas, los sueldos son menores que los que tienen la suerte de gozar de planta permanente, y además carecen en muchos casos de beneficios sociales que sí tienen sus pares ya incorporados formalmente a la nómina estatal.

En consecuencia, el reclamo lógico es que, una vez transcurrido un lapso determinado, reclamen su incorporación definitiva. Así, como si el Estado municipal -pero también el provincial y en menor medida el nacional- fuese una cebolla, se van formando capas de empleados puestos por los distintos titulares del Ejecutivo.

Los nombramientos masivos, como en el caso de FME, son reivindicados por los jefes comunales como actos de estricta justicia. Y aunque en la mayoría de los casos eso es así, porque los que más trabajan suelen ser los precarizados, el resultado final es que las finanzas municipales no dan abasto y requieren de la asistencia provincial para que no quiebren. 

La solución, claro, no es nombrar masivamente a trabajadores. Esa es la salida fácil y la que reditúa políticamente en el corto plazo. La solución de fondo, que es más difícil y lleva mucho más tiempo que firmar un decreto, es generar condiciones para que la actividad privada -productiva, comercial, de servicios- se ponga en marcha, generando empleo genuino y sustentable, lo cual requiere del trabajo coordinado con Provincia y Nación.
 

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