EDITORIAL

Reformas institucionales que no alcanzan

lunes, 3 de mayo de 2021 · 01:03

El tirón de orejas que recibieron en la Justicia catamarqueña los fiscales por la falta “énfasis y enjundia” en la investigación de causas penales por hechos de violencia de género, tanto de un juez de Control de Garantías como de la fiscal General, podría hacer creer que la lentitud o le ineficiencia en la pesquisa de este tipo de delitos es un problema local. Pero no es así, sino un escollo generalizado en la mayoría de los tribunales de la Argentina.

El costo de la ineficiencia no debe subestimarse, ni tomarse a la ligera como tantas otras dilaciones producidas por la burocracia estatal, pues en este caso se mide a veces en vidas perdidas. Las estadística oficiales indican que el 30 por ciento de las víctimas de femicidio en lo que va del año habían denunciado a su victimario con anterioridad, al menos una vez.

El problema sigue vigente pese a numerosos aportes normativos y reformas institucionales producidas en los últimos años, tanto a nivel federal como provincial. En 2012 se incorporó al Código Penal la figura del femicidio, como un agravante de la pena de homicidio. Tres años antes se había sancionado la Ley de Protección Integral y en 2029 la Ley Micaela, por nombrar solo algunas leyes nacionales que abordan la problemática. Además, el Estado nacional creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y oficinas especializadas en violencia de género. 

En Catamarca, como lo mencionó en su discurso del sábado el gobernador Jalil, se acaba de crear la Secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad y en el Poder Judicial está en plena constitución un fuero especial para investigar casos de violencia de género, paso posterior a la conformación de una sede policial específica, que ya funciona desde hace varios años.

Todos estas innovaciones y aportes formales e institucionales aunque necesarios, no son suficientes si no se introducen otras modificaciones también de forma, pero asimismo de actitudes, comportamientos, modos de organización y de enfoque en el abordaje de la problemática.

Se requieren mayores aportes presupuestarios, es cierto, pero en la actualidad no hay en muchos casos un uso adecuado de los recursos ya existentes. A modo de ejemplo, el abogado penalista Juan Ignacio Maurin, en una columna que publicó en el sitio ámbito.com señala: “se ha difundido mucho que tal o cual departamento judicial no cuenta con tobilleras electrónicas suficientes o que no hacen entrega de botones de pánico. Pero también otras veces los recursos están ahí, disponibles, y los funcionarios no conocen el procedimiento burocrático para ponerlos en práctica o simplemente no les interesa”.

Los controles sobre la actuación de los funcionarios judiciales, las reformas procedimentales, además de las estructurales o legislativas, y la obligatoriedad de la actuación de jueces y fiscales según criterios basados en una perspectiva de género, aparecen como medidas imprescindibles a adoptar para evitar la propagación de la violencia de género y su expresión más brutal, el femicidio.n

 

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