miércoles 24 de julio de 2024
CARA Y CRUZ

El quelonio judicial

Por Redacción El Ancasti

El tortuguezco trámite de los expedientes es el emergente más notorio de los graves problemas que aquejan al Poder Judicial de la Provincia, que reclama, en otro episodio de una crónica tensión con el Gobierno, la restitución de unos 600 millones de pesos que se le podaron del presupuesto el año pasado. 

No se trata de la utilización leguleya para dilatar las causas de indispensables mecanismos que garantizan el Estado de Derecho, sino de fallas sistémicas muy arraigadas cuya solución no se aborda. 

Un rápido repaso retrospectivo expone que la Justicia ha sido objeto de cambios significativos que no han redundado en mejoras de la prestación del servicio. Se creó la Policía Judicial, se modificó la función de los fiscales y jueces, el número de miembros de la Corte pasó de tres a siete, se han creado nuevos Juzgados y fueros, hubo un recambio importante de actores. La estructura es cada vez más elefantiásica y demanda un gasto en salarios cada vez mayor, pero ninguna medida ha resultado en un desempeño más ágil, sino todo lo contrario, en un contexto acelerado, para colmo, de cambios, en el que surgen nuevos fenómenos que demandan la atención judicial.

La mora es característica de todos los fueros y la eficacia de algunos actores aislados no basta para revertir la imagen del quelonio. Inverosímil: existen sectores de la burocracia judicial que carecen de servicio de internet, la información en más de un ámbito está dispersa y reunirla requiere trabajos de rastreo decimonónicos.
El déficit tecnológico termina siendo coartada para la inoperancia. En última instancia, sólo la presión social sostenida o el “lobby” de profesionales bien conectados consigue apresurar el ritmo de los procedimientos.

Hay evidentemente una falla del área de Superintendencia, que no fiscaliza la productividad de los distintos juzgados. En tal ecosistema, es muy difícil discriminar si las demoras obedecen a haraganería, desidia, incompetencia o lisa y llana complicidad de los funcionarios con los involucrados en los litigios. No hay premios y castigos, ni siquiera llamados de atención por una extensión injustificable de los procesos y omisiones funcionales palmarias. 
El campo se les hace orégano a quienes cifran sus estrategias en la prescripción de plazos y lo más grave: todo el sistema se transforma en un enorme obstáculo para quienes carecen de medios económicos o influencias suficientes para movilizarlo.

En tal escenario, relumbran como privilegios los altos sueldos que perciben lo más encumbrados referentes de la Justicia y lo flexible del régimen laboral, aparte de los vicios de nepotismo y favoritismos que la casta comparte con la política. 
No es extraño que el prestigio de este poder haya caído al subsuelo, circunstancia que entraña un gran riesgo institucional: la inoperancia se naturaliza del mismo modo que los intentos de colonización porque la Justicia carece de fuerzas para resistir.

La Legislatura debate en estos momentos una reformulación del Presupuesto judicial a partir de un reclamo formulado al Gobierno por la Corte, agraviada por lo que considera un despojo y la transgresión de acuerdos informales celebrados el año pasado. 
La restitución de fondos que el tribunal requiere iría a un incremento salarial, el debate está tramado por argumentos corporativos.
A nadie puede negársele el derecho a pelear por mejores emolumentos. 
Sin embargo, a esta altura de la ineficacia resulta llamativo que el eje pase exclusivamente por los sueldos, eludiendo siempre la menesterosa calidad de la prestación del servicio.

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