Mirador Político

Legitimación pendiente

domingo, 2 de mayo de 2021 · 01:10

Al mismo tiempo que ratificó el rumbo de su política minera, Raúl Jalil admitió el déficit de legitimidad de la política para el sector. “Tenemos que ir hacia un consenso minero que permita comprender las nuevas consignas de la actividad minera en Catamarca. Con respeto y mucha responsabilidad”, dijo en su segundo mensaje a la Asamblea Legislativa como gobernador. 

“Sobre activación económica, vamos a disponer de todas las medidas para que la minería siga profundizando en Catamarca un verdadero camino de crecimiento, creando mayor compromiso con las comunidades en las que se desarrolla la actividad y en toda la provincia”, advirtió, y concluyó la exposición sobre el asunto con un reto a sí mismo: “Estamos dispuestos a asumir el desafío de probar que la minería, junto con la agroindustria y el turismo, es un eje fundamental para el desarrollo de nuestra provincia”. 

Jalil describió su gestión como una continuidad de la de su antecesora, Lucía Corpacci, pero Corpacci había considerado que se había avanzado “mucho” en la licencia social para la minería y él planteó una meta: “Ir hacia un consenso minero”. 

Si hay que ir es porque no se ha llegado. Trayecto pendiente, por lo tanto: una construcción por hacer.

Es un quiebre en la concepción gubernamental sobre la cuestión minera, que hasta el estallido violento de Andalgalá del 10 de abril se cifraba casi exclusivamente en el despeje del frente judicial. 

La última valla jurídica había caído a fines del año pasado, cuando la Corte de Justicia declaró inconstitucional la ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá. Esta sentencia, aún cuando el municipio la hubiera recurrido, habilitaba según la mirada oficial el avance de Minera Agua Rica con los trabajos de exploración. La reacción de los grupos ambientalistas, que encontró solidaridades inmediatas en todo el país, desmintió tal convicción. La revuelta y sus derivaciones expusieron la complejidad del problema. Si el Gobierno pretende que Agua Rica se explote, necesitará mucho más que argumentos leguleyos. 

Jalil acaba de aceptar esta imposición de la realidad.

Giro
Es una actitud sensata. Hace dos elecciones que Andalgalá vota intendentes antimineros. Tiene una ordenanza antiminera sancionada por unanimidad en 2016, desacreditada por una sentencia del máximo tribunal de la Provincia que fue recurrida por la comuna sin que una sola voz institucional del distrito cuestionara tal decisión política. 

Continuar desconociendo semejante inconsistencia entre los criterios de la Provincia y los del municipio era una estupidez.

El Gobernador consignó en su discurso lo que a su entender es el principal motivo de la resistencia a la minería en el oeste: la fallida administración de la renta que arrojó para el Estado la explotación de Bajo La Alumbrera en concepto de regalías y utilidades a través de la participación de YMAD en el emprendimiento. Los fondos se diluyeron en gastos corrientes y corruptelas, sin que la Provincia los capitalizara.

La administración Corpacci, enfatizó ayer el Gobernador, marcó un cambio en este sentido respecto de la de Eduardo Brizuela del Moral, al meter los fondos mineros en fideicomisos o liberarlos sólo contra proyectos postulados por los municipios, para transformar el fruto de la explotación de recursos “no renovables” en financiamiento para infraestructura propicia a la producción sustentable.

Continuidad
Eslabonar su visión de la minería con la de Corpacci le sirvió para sostener que admitir que el “consenso minero” aún está en veremos no implica recular en sus propósitos.

“Desde la gestión de Lucía Corpacci, Catamarca asumió una mirada acerca de la minería que nosotros vamos a continuar, afianzando la actividad con cuidados, resguardos ambientales, controles y observancia de la responsabilidad empresarial”, advirtió.
Se abre el diálogo para tratar de cerrar la grieta minera en el oeste, pero la megaminería sigue siendo una de las patas fundamentales para el desarrollo provincial en el proyecto de Jalil, junto a la agroindustria y el turismo.

De ahí que subrayara las obras financiadas con fondos mineros y su impacto: 941 familias están vinculadas directamente con la actividad y las empresas inyectaron 3000 millones de pesos en el circuito económico local con compras a proveedores y contratación de servicios.  

“Hoy, con los ingresos de la minería, estamos realizando obras que harán un aporte importante a la sostenibilidad económica de la provincia y al desarrollo, como el Parque Solar Fotovoltaico con infraestructura eléctrica, la repavimentación de la ruta 43, una seccional para guardaparques en el área natural protegida Campo de Piedra Pómez, un relleno sanitario de residuos sólidos urbanos y la readecuación reservorio sobre río Las Pitas más cañería para agua potable, además de la adquisición de maquinaria vial para municipio de Antofagasta de la Sierra, un puente sobre río El Bolsón y otro puente sobre río Cura Quebrada”, expresó.  
“La minería –añadió- contrata mano de obra catamarqueña y compra a proveedores locales. Esa disposición, que hoy es un requisito de obligatoriedad, obedece a una decisión de este proyecto de gobierno. Tenemos un Plan Social Minero, relanzado por el Gobierno Nacional a mediados del año pasado, que otorga líneas de financiamiento para productores y microemprendedores mineros, que en este corto tiempo ya  volcó en Catamarca 7 millones de pesos, distribuidos en 33 proyectos de la pequeña minería”.

También resaltó el reconocimiento a los controles ambientales realizados por la Provincia, que obtuvieron “una vez más la Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad según Norma ISO 9001, emitida por Instituto Argentino de Normalización (IRAN) para el monitoreo ambiental de agua. Esto respalda la gestión ambiental minera implementada desde hace una década”.
“Sabemos que hay un sector de la comunidad que tiene dudas. Por eso quiero que toda la comunidad sepa que nuestro objetivo es convertir las ganancias producidas por los recursos no renovables, en financiamiento para recursos renovables”, se comprometió.

Tras los traumáticos incidentes del 10 de abril, respondidos con una contramarcha prominera en la Capital, Jalil propone reencausar la discusión. Hay una solo sector que todavía no ha respondido a sus convocatorias: la antiminería radicalizada que ve en la explotación del yacimiento Agua Rica, enclavado en la cuenca del Andalgalá, una amenaza de catástrofe ambiental. 
Por la intensidad y persistencia de su militancia, el más determinante.
 

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