miércoles 24 de julio de 2024
EDITORIAL

Idea para explorar

El 14 de mayo de 2019, es decir, hace exactamente dos años, en una reflexión publicada...

Por Redacción El Ancasti

El 14 de mayo de 2019, es decir, hace exactamente dos años, en una reflexión publicada en esta misma columna editorial se sostenía que los dirigentes políticos que tuviesen aspiraciones presidenciales -aún no estaban definidos los postulantes de cada fuerza política- deberían proponerse como uno de los objetivos centrales de la próxima gestión de gobierno lograr la Indigencia Cero o el Hambre Cero. 

El gobierno de Mauricio Macri, que estaba por entonces en su último año de gestión, había propuesto en la campaña electoral de 2015 la Pobreza Cero. Efectista, la promesa claramente era incumplible. Remover la pobreza estructural en la Argentina es una tarea de largo plazo. Requiere de muchos años de crecimiento económico y de políticas redistributivas eficaces. Un anhelo, más que un objetivo cumplible en el corto plazo.

Terminar con el hambre o la indigencia, la pobreza extrema, no solo es una meta cumplible en un país con las potencialidades que tiene la Argentina, sino además un imperativo moral. 

El Hambre Cero es, a nivel internacional, uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuesto por las Naciones Unidas con plazo para su cumplimiento en 2030. Pero hacia adentro de los países, se viene discutiendo con insistencia si una manera más rápida de avanzar en el objetivo de terminar con el hambre y la indigencia no es implementando lo que se denomina el Ingreso Básico Universal, que puede definirse como una transferencia del Estado, de carácter mensual, suficiente para cubrir las necesidades básicas de individuos marginados de la estructura laboral. 

¿Es viable económicamente en un país como Argentina la implementación de una herramienta de estas características?
Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social, calculó que son aproximadamente 10 millones las personas que en Argentina podrían ser, por su situación de exclusión laboral, los beneficiarios de un ingreso básico universal –una cantidad apenas por encima de los beneficiarios del IFE que se implementó al comienzo de la pandemia.

Si a esas 10 millones de personas se les otorgase una prestación equivalente a la jubilación mínima -dice Pastor-, el gasto por año alcanzaría podría solventarse con la eliminación de algunos regímenes privilegiados de exención tributaria y el ahorro que implicaría eliminar los complejos mecanismos existentes actualmente en materia de asistencia social, que ya no serían necesarios con una renta universal que iría directamente al beneficiario, sin intermediarios y sin la contaminación clientelar inevitable que implica la distribución vigente.

Además, reflexiona el especialista, esos recursos se volcarían inevitablemente al consumo, lo que supondría la activación de un circuito virtuoso que beneficiaría a otros actores de la economía.

La idea de un ingreso básico universal se analiza a nivel internacional desde hace por lo menos treinta años, y ya se han concretado experiencias focalizadas exitosas en algunas ciudades y regiones de otras naciones. Tal vez el resumen simplificado de Pastor merezca ser enriquecido y analizado en profundidad, pero tiene el mérito de plantear alternativas para el cumplimiento de uno los objetivos de corto plazo en materia de política de inclusión social.

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