viernes 12 de julio de 2024
cara y cruz

Principio de justicia

Por Redacción El Ancasti

La semana anterior reunió dos protestas docentes por motivos distintos. Por un lado, la Intersindical Docente, que nuclea a los principales gremios del sector, realizó un paro de 24 horas el viernes en rechazo a la disposición del Gobierno provincial de retomar la actividad presencial en las escuelas de nivel primario a partir de hoy en Capital y Valle Viejo, aunque con la salvedad de que se realizaría un seguimiento de la situación “en tiempo real” para mantener o dar marcha atrás con la decisión en caso de que el panorama sanitario lo exigiera. 
Los gremios reiteraron su rechazo a la presencialidad con el argumento de que tal medida expondría a los docentes al riesgo de contagios de Covid-19, lo cual se agravaría, señalaban, por el hecho de que aún no fueron vacunados. Pero finalmente en la tarde de ayer, el Gobierno anunció la suspensión de las clases en modalidad presencial en Capital, Valle Viejo, Capayán, Andalgalá, Belén y Tinogasta y su continuidad en forma virtual. Además, Salud informó que arribaron nuevos lotes de vacunas con los que se dará prioridad a los docentes –además de otros pacientes- que tengan comorbilidades. En suma, reclamo resuelto, podría decirse, para un sector que nunca está del todo conforme con las medidas oficiales. 


Paralelamente, otro sector docente, en este caso representado por ADUCA, de dirigencia visceral y gusto por la confrontación, salió a reclamar a la calle por el decreto del Ejecutivo que redujo de 48 a 36 el tope de horas cátedra. Desde 1993 hasta hace unos días, estaba vigente el régimen que permitía a los docentes tener 36 horas en cualquier nivel educativo y 12 más en el nivel superior. Tal acumulación implicaba que, en los casos de mayor antigüedad, los educadores igualaran o superaran el sueldo del propio Gobernador. El decreto, por lo tanto, se dictó en consonancia con la norma que dispone un tope salarial en el Estado. 
Los que más protestaron por esta medida fueron los rectores de los Institutos de Educación Superior (IES) y algunos docentes perjudicados, como los del instituto “J. M. Chavarría”, quienes la semana pasada se movilizaron en el centro de la ciudad con varias consignas en contra del Gobierno. 
En el caso del IES “Chavarría” hay una situación producida por un supuesto error administrativo. En 2018, se modificó el plan de estudio de cuatro profesorados, pero se lo informó como un “nuevo plan de estudio”, lo que generó inconvenientes con las cátedras que debían ser concursadas nuevamente. Tras este conflicto y para evitar que se llame a concurso salió una disposición (N° 009) donde se reasignaron cargos de todos los docentes. Pero eso ahora quedó sin efecto y se les dio de baja. Hay unos 70 docentes afectados por la medida. Para ellos, Educación debería subsanar la resolución y no hablar de un “cambio” sino de una “reformulación” del plan de estudio. La ministra Andrea Centurión explicó que con el nuevo plan los docentes deben concursar las horas, como marca la ley, aunque tendrán un “puntaje extra” por pertenecer a la institución. Obviamente, rechazan la medida y pretenden que se mantenga el “statu quo”.


Lo que verdaderamente resulta insostenible es la defensa de la carga horaria. Un docente con 48 horas cátedra es un sinónimo de imposibilidad. ¿Cómo podría dar un promedio de 9,6 horas de clases por día en distintas escuelas? ¿Qué dedicación asigna a sus alumnos? ¿Cómo hace para preparar las clases, corregir tareas, estudiar, capacitarse y, además, atender a su familia? ¿Cómo hace para trasladarse de una escuela a otra en un día ajetreado? Y, finalmente, ¿cuál es la calidad educativa que el sistema puede asegurar con docentes saturados de trabajo? En los hechos, es materialmente imposible que un docente pueda cumplir con casi 10 horas de clase diarias en forma más o menos exigente. Pero, más allá del tope salarial, está también la realidad de más de 9.000 docentes que no consiguen trabajo en la provincia porque no había vacantes. Algo empezó a cambiar con las últimas asambleas de opción de cargos, donde se pudo abrir el juego a la nueva generación de educadores. 
Se trata, en definitiva, de un principio de justicia en un sistema viciado y decadente, desigual e injusto.

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