carta al director

Una salida para Bolivia después del golpe de Estado y la represión política

miércoles, 7 de abril de 2021 · 01:01

Señor Director:

Las elecciones democráticas que dieron como ganador a Luis Arce parecieron haber llevado paz a Bolivia. La vuelta al orden institucional aportó tranquilidad al país y a la región, que, por experiencia histórica, desconfía de los gobiernos no electos por el voto popular. Sin embargo, unos meses después de que el exministro de economía de Evo Morales asumiera el poder, el país parece encontrarse una vez más al borde del enfrentamiento civil.

El desencadenante de la situación en la que se encuentra el vecino país latinoamericano fue la detención de Janine Añez, la expresidenta de facto, que asumió el poder tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. Concretamente, la causa pretende juzgar y condenar lo sucedido durante ese mes en el que las calles bolivianas se llenaron de manifestantes pidiendo la renuncia del presidente aymara, mientras que la policía se acuarteló y se negó a responder a un gobierno elegido democráticamente. Más tarde, altos funcionarios de las fuerzas armadas “sugirieron” a Morales renunciar a su cargo y éste tuvo que refugiarse en Argentina a instancias del ya electo presidente Alberto Fernández. 

Hasta aquí parece haber poco lugar a la duda acerca de la pertinencia de la detención, sin embargo la participación de Añez en toda esta cadena de eventos es más bien difusa. El protagonista incuestionable del golpe de Estado es, sin lugar a duda, Fernando “El Macho” Camacho, quien recientemente fue electo gobernador de la pujante y desigual Santa Cruz. Ahora bien, Camacho no está imputado en la causa que llevó a Añez a prisión.    ¿Significa esto que Añez es inocente? No, para nada. La expresidenta de facto es pasible de ser juzgada por múltiples acciones emprendidas durante su presidencia, entre ellas, las masacres de Sacaba y Senkata, dos represiones policiales a manifestantes que exigían la vuelta de Evo Morales al país y que dejaron 36 muertos y múltiples heridos. Sin embargo, el poder judicial boliviano no tiene competencia para juzgar a una expresidenta; para ello, el MAS, partido oficialista, debería obtener una mayoría de dos terceras partes en el congreso, situación que está lejos de alcanzar. Por eso el poder judicial opta por esta vía mucho más cuestionable, juzgar a Añez como la principal usufructuaria de lo acontecido en noviembre de 2019.

Por otra parte, algunas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han cuestionado la carátula de “terrorismo” que pesa sobre Añez, por ser ésta una figura ambigua que no aplicaría al caso. En el mismo sentido se expresaron cuando el poder judicial boliviano intentó llevar un proceso similar contra el entonces exiliado Evo Morales.
Por último, el uso de la prisión preventiva en políticos opositores es altamente cuestionable. Este recurso jurídico, que debería utilizarse como excepción, pero del que lamentablemente los jueces abusan, permite encerrar personas sin la obtención de una sentencia por medio de un debido proceso. Lo cual en el plano político hace sospechar que puede existir una persecución. 

Por estas razones la detención de Añez parece mucho más producto de una justicia intentando acomodarse a los nuevos tiempos políticos que el libre accionar de un poder judicial independiente en busca de justicia. Hay que destacar que son los mismos tribunales que hicieron brotar una decena de denuncias contra Morales y sus funcionarios que ahora naufragan sin pena ni gloria.
Estos hechos generaron una escalada de tensión entre oficialismo y oposición. Los detractores del MAS salieron, una vez más, a manifestarse, especialmente en Santa Cruz, tradicional baluarte de la derecha boliviana. Fernando Camacho afirmó que, de volver a La Paz, sería para “derrotar a un gobierno tirano” y ofreció a Santa Cruz para dar asilo a todos aquellos que se sientan perseguidos por el gobierno de Luis Arce. Mientras tanto, sus simpatizantes, y demás detractores del “masismo”, se embanderan bajo el lema “no fue un golpe, fue fraude”. Para este grupo de bolivianos, los acontecimientos de 2019 no pueden interpretarse como un golpe, sino como una genuina expresión de hartazgo popular que desencadenó en la renuncia de un primer mandatario ilegítimo acobardado. Ignoran la falta de pruebas para sostener que esas elecciones fueron fraudulentas.

Por otro lado los partidarios del gobierno, y defensores de todo el proceso del MAS, se encolumnan bajo el lema “no es venganza, es justicia” y se amparan en la necesidad de juzgar la violencia con la que la derecha persiguió a dirigentes y militantes del MAS, ya sea durante el golpe de Estado o por el gobierno de facto. Varias organizaciones que nuclean trabajadores y campesinos ya expresaron su voluntad de defender al gobierno encabezado por Luis Arce ante cualquier intento de perpetrar un nuevo golpe.
Estas disputas políticas son el resultado de un antagonismo muy profundo que divide a la sociedad boliviana, una grieta que no es solamente económica, sino también étnica y racial. Basta recordar a Fernando Camacho ingresando con una Biblia al palacio quemado, en una clara muestra de desprecio contra las creencias de los pueblos originarios, que en teoría representa Evo Morales.

Desde aquí me parece importante reafirmar la necesidad de juzgar y castigar a los responsables del golpe de Estado y de la represión política que vino después. Sin embargo, estos procesos deben realizarse con todas las garantías que un Estado de Derecho tiene para ofrecer. Ésta es la única manera de encaminar un país decididamente por la vía de una democracia estable, que lejos de ser una simple fachada, sirva para dirimir los conflictos de una manera pacífica.    
Lic. Mauro Cipolletti

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