Mirador político

Maniobras sobre el estercolero

domingo, 4 de abril de 2021 · 01:10

En abril de 2012, el vicepresidente Amado Boudou detonó un profundo trauma en el todavía todopoderoso kirchnerismo. Cercado por la causa Ciccone, denunció que miembros del estudio jurídico del Procurador General, Esteban Righi, jefe de los fiscales, le habían ofrecido sus servicios para “aceitar jueces federales” en Comodoro Py y aliviarle angustias. Luego interpuso una denuncia por “tráfico de influencias”. Según él, Righi y sus socios desarrollaban gestiones para que la empresa Bolt se quedara con Ciccone. O sea: Righi acaudillaba un lobby contrario al suyo.

Righi había sido designado Procurador General en lugar de Nicolás Becerra en junio de 2004, a propuesta de Néstor Kirchner. Ministro del Interior del tercer Perón, el “león herbívoro”, era una figura de relieve del sector peronista con el que el kirchnerismo se identifica. Las jinetas históricas le resultaron inútiles: la presidenta Cristina Kirchner laudó a favor de Boudou, que provenía de la liberal UCD, pero hacía rato había comprendido los beneficios de la conversión. 

Righi renunció y fue suplantado por Alejandra Gils Carbó. Adicionalmente, la Casa Rosada consiguió apartar de la causa Ciccone al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo.

Para esas fechas, Alberto Fernández llevaba cuatro años como exjefe de Gabinete e impugnaba la gestión de Cristina. Opinó que la maniobra de Boudou contra el Procurador había sido propia de un “mafioso”. 

Casi ocho años después, en su discurso ante la Asamblea Legislativa al asumir como Presidente de Cristina, su vice, reivindicó a Righi, que había muerto a los 80 años meses antes, como su mentor en el campo del derecho y la política. “Me inculcó como nadie los mejores valores del Estado de Derecho”, dijo.  Boudou cumplía arresto domiciliario por la causa Ciccone.

Tras retomar la manija, el ultrakirchnerismo inició una fuerte campaña por la liberación de lo que considera son “presos políticos”, Boudou entre ellos.

En enero, Fernández propuso para cubrir el puesto de Procurador General nada menos que al Rafecas al que el cristinismo había arrebatado el expediente Ciccone que comprometía a Boudou. En lugar del acuerdo, el cristinismo impulsó una modificación del sistema de designación del Procurador General y el candidato de Alberto sigue en capilla, con destino incierto.

Mientras tanto, el Procurador General es Eduardo Casal, designado en interinato por Mauricio Macri, sin acuerdo del Senado, para reemplazar a la kirchnerista Gils Carbó, sucesora del Righi defenestrado en 2012. 

Voltear a Casal es uno de los objetivos principales del flamante ministro de Justicia Martín Soria, que asumió en lugar de la agobiada albertista Marcela Lozardo, marcada por el ultrakirchnerismo por su escaso entusiasmo en la pelea contra la pata judicial del “lawfare”. 

Soria, en cambio, sobresale por su fervor. Acaban de tomar estado público las frecuentes tertulias y actividades deportivas que jueces y fiscales mantenían Residencia de Olivos con Macri, que mantuvo a Casal como jefe de los fiscales con un procedimiento anómalo.

El ring judicial
El derrotero consignado es interesante para constatar que ninguno de los flancos de la fractura nacional se abstuvo de manipular el Poder Judicial. La secuencia Righi- Gils Carbó-Casal es ilustrativa en tal sentido. Los reemplazos se precipitaron por razones facciosas. 

Righi cae por no proteger a Boudou de la arremetida del fiscal Rívolo y el juez Rafecas, ahora promovido por Alberto Fernández.

Gils Carbó desplegó una gestión funcional al cristinismo durante 7 años y fue desplazada por el dedo de Macri para colocar a Casal, bajo cuyo mandato se reactivaron las causas por corrupción contra el kirchnerismo. 

Gente rencorosa, los kirchneristas buscan eyectar a Casal, pero no quieren a Rafecas. 

En el camino, el Poder Judicial de la Nación se ha convertido en un estercolero contaminado por los servicios de inteligencia, instrumento dilecto y siempre afilado para operaciones políticas. Prestigio demolido con su consentimiento y el resultado: los jerarcas de la grieta se denuncian entre sí y esgrimen la coartada de la persecución como prueba de inocencia.

Deslegitimadas las facultades de la Justicia para arribar a una verdad jurídica inobjetable, los actores políticos despliegan un juego en el que la derrota implica el riesgo cierto de perder libertad ambulatoria y patrimonio bien o mal habido. La tragedia tiene, sin embargo, su contracara virtuosa: el rabioso enfrentamiento los retroalimenta a punto tal que se convierten en mutuos garantes. El macrismo existe en tanto que antikirchnerismo; el kirchnerismo es, cada vez más, antimacrismo. A los tibios los vomita Dios. 
En esa lógica, que la moderación de Fernández enmascaró en 2019, se debate la Argentina de la pobreza y la indigencia en trepada sostenida.

Hipótesis
Según el diputado radical Luis Lobo Vergara, los candidatos nacionales que el oficialismo presentará en Catamarca serán designados por Cristina, en procura de ampliar su gravitación en el Congreso con el propósito de “copar la Justicia”. Las desmentidas a estas apreciaciones del peronismo local, celoso de su autonomía de criterio, afirmaron no obstante el eje judicial: fue Macri, no Cristina, quien configuró una Justicia adicta, que es preciso desmontar.

Dos narrativas en litigio: para la oposición, Cristina busca una Justicia a medida que asegure su impunidad y la de su familia; para el peronismo, pretende una Justicia independiente de los poderes fácticos, que aplique sobre Macri rigores equivalente a los que descarga sobre el ella, pobre mi alma.

Cualquiera sea la intención, el kirchnerismo no ha podido hasta ahora materializar la reforma judicial que quiere, no solo por la reticencia de los opositores, sino también, y sobre todo, de sus propios socios. 

El agobio que desencadenó la salida de Lozardo y el enérgico ingreso de Soria al Ministerio de Justicia llevaron otra vez esta tensión al primer plano luego del congelamiento del pliego de Rafecas y varios movimientos sugestivos en el Consejo de la Magistratura.

El giro judicial precisa mayorías parlamentarias de las que el kirchnerismo duro carece. Necesita construirlas y el escenario catamarqueño cobra significación porque aparte de tres diputados nacionales renovará este año las tres bancas del Senado nacional, cuerpo que presta acuerdo a los miembros del Poder Judicial y juzga a los de la Corte.

La aduana
Algunos operadores del Gobierno todavía alientan el sueño de la oposición propia, olvidando que suele tener amargos despertares. La idea es armar una alternativa electoral de identidad peronista que desplace al tercer lugar al FCS y les permita llevarse todas las bancas nacionales. La mascarada sería demasiado obvia, es improbable que cuaje.

Más probable es en cambio el monitoreo del ultrakirchnerismo, que tenderá a acentuar la presión sobre Fernández en los dos últimos años de su mandato.

Capaz no sea como conjetura Lobo Vergara, pero los interesados en saltar al Congreso en representación del Frente de Todos –hay más de uno en campaña- saben que la bendición de Cristina será determinante. Acaso no los ponga ella, pero ejercerá su poder de veto.

Tal convicción explica algunas sobreactuaciones. Hay que pasar la aduana.  
 

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