Editorial

Luz de esperanza después del dolor

domingo, 4 de abril de 2021 · 01:09

Al cumplirse cuatro años del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, sus padres convocaron a participar de una campaña en redes sociales para recordar a la joven y para tomar conciencia sobre el efecto devastador de la violencia machista en la sociedad.

Todo crimen de estas características produce una pérdida irreparable y un dolor inconmensurable para el entorno afectivo de las víctimas. Pero los familiares de Micaela, particularmente su mamá y su papá, al menos tienen el consuelo de que a partir del hecho atroz surgió una luz esperanzadora, alumbrada por ellos mismos: la ley que lleva el nombre de su hija, aprobada a fines de 2018, y que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra todas las mujeres para las personas que se desempeñan en los poderes del Estado. 

Como muchas de las leyes que se aprueban en la Argentina y que implican transformaciones de fondo en el abordaje de problemáticas graves, su aplicación efectiva padece de demoras que deben corregirse. Ya son 19 las provincias que adhirieron a la ley y más de 500 municipios. La adhesión mediante ley provincial en Catamarca se produjo en octubre de 2019. Sin embargo, las capacitaciones previstas tienen todavía un alcance muy limitado y están promovidas en los ámbitos públicos sobre todo por funcionarios que ya tienen previamente una conciencia de género que les permite advertir la necesidad de universalizarla.

La experiencia indica que la falta de perspectiva de género de los funcionarios públicos opera como un freno para que las mujeres puedan acceder a los derechos que les corresponden. De modo que la capacitación no es optativa, una posibilidad más de formación para los funcionarios y trabajadores, sino obligatoria. El art. 8º de la Ley establece que “Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente…” y que “…El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente…”.

Un rápido relevamiento que se realice por los distintos ámbitos de la administración pública, en cualquiera de los tres poderes, en el nivel nacional, y en los niveles provinciales y municipales, permitiría corroborar que el porcentaje de funcionarios y empleados capacitados debidamente en perspectiva de género es minoritario. La Ley no contempla a los trabajadores del sector privado, pero, según los especialistas, la obligación de capacitarse en esta temática también debería extenderse a las relaciones de trabajo privadas, donde se observan a diario situaciones de discriminación, malos tratos y acoso contra las mujeres y también contra minorías sexuales.

La Ley Micaela, como la Ley de Educación Sexual Integral, integra el lote de herramientas institucionales concebidas para ampliar derechos y concientizar sobre ellos, pero solo alcanzará los objetivos si se cumplen acabadamente, según lo previsto en sus articulados, y no solo por el impulso voluntarista de algunos.

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