CARA Y CRUZ

Legitimidad defectuosa

El reventón andalgalense es consecuencia no solo de la pulsión violenta...
martes, 13 de abril de 2021 · 01:10

El reventón andalgalense es consecuencia no solo de la pulsión violenta de algunos alucinados, sino también, y sobre todo, de la defección política. 
La construcción de una “política de Estado” demanda mucho más que sentencias judiciales favorables. Si tal cosa bastara, el proyecto Agua Rica tendría ya su camino expedito, pero la fractura social en Andalgalá es demasiado profunda como para revertirse con sentencias y apelaciones al respeto a la ley que, por otro lado, son en muchos casos exhibición de hipocresía.

Mal pueden exigir sumisión a los códigos personajes que amparan gestiones signadas por la opacidad precisamente en el campo minero. Presidida por Fernando Jalil, YMAD, para no irse tan lejos, se niega sistemáticamente a suministrar información sobre su funcionamiento interno y pretexta confidencialidades para retacearla sobre el convenio que firmó con Minera Agua Rica para alquilarle por un valor muy conveniente la infraestructura de Bajo La Alumbrera, valuada en 800 millones de dólares. La firma economizó una fortuna en inversiones gracias a esta misterioso negocio e YMAD renunció a la posibilidad de insertarse en el negocio. No se sabe por qué, aunque se lo sospecha, mientras su actual administración acelera el proceso de transformación del organismo minero en un aguantadero para pagar favores y satisfacer el nepotismo.
Conductas de este tipo encastran con la dilapidación de la renta arrojada por Bajo La Alumbrera en la fertilización del sentimiento antiminero.
 Lejos de beneficiarse con la megaminería, las comunidades del oeste asistieron al derrumbe de sus condiciones de vida y el arraigo de los vicios propios del dinero fácil, fenómeno simultáneo al del ostensible enriquecimiento de varios de sus más caracterizados representantes, que devoraron a dos carrillos y no se privaron de eructarles en la cara.
Falta de transparencia, despilfarro, corruptelas impunes y miseria irredenta ¿Cómo sorprenderse con los resultados y exigir el acatamiento de sentencias? 
La violencia es injustificable, pero la política y Minera Agua Rica subestimaron la intensidad de la grieta andalgalense. 

La Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto y un juzgado civil habilitó el inicio de los trabajos en el yacimiento, pero aún no se celebraron en Andalgalá las audiencias públicas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó cuando anuló un informe de impacto ambiental condicionado que la minera había obtenido. El reinicio de las tareas no podía ser interpretado más que como una provocación por los movimientos ambientalistas, y en la indignación hacen su agosto violentos e irresponsables. Andalgalá arde y la política se ha mostrado hasta ahora incapaz de canalizar el debate por carriles sensatos. Los dirigentes de Andalgalá eluden las definiciones al respecto porque sentar una posición supone altos costos electorales.


La división social contrasta con la armonía en la cúspide: oficialismo y oposición podrán comerse los ojos por cualquier asunto, pero coinciden sin fisuras en que la minería es “política de Estado”.
El 3 de noviembre de 2019, el Mirador Político tituló “La jurisprudencia Famatina”. La explotación minera en la zona del nevado riojano no puede prosperar pese al fuerte respaldo de la mayoría de los políticos y de la Justicia. Desde 2004, fracasaron cuatro empresas en el intento, entre ellas la Barrick Gold. La consigna “El Famatina no se toca” cobró alcance nacional.
No hay licencia social para la megaminería en Andalgalá. No es un problema de legalidad, sino de legitimidad defectuosa. n

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