Lo bueno, lo malo y lo feo

Las políticas en discapacidad para la pospandemia

JUAN ANTONIO SEDA. DIRECTOR DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS, FACULTAD DE DERECHO, UBA. DOCTOR EN DERECHO.
martes, 13 de abril de 2021 · 01:06

La pandemia dejó al descubierto el inexorable principio de escasez en materia sanitaria. La noción de recursos escasos para fines múltiples constituye una premisa para toda actividad económica, pero muchas veces nos negamos a asumirla hasta que la realidad nos golpea en la cara. Cuando aceptamos la escasez como un hecho evidente, necesitamos asignar prioridades para distribuir recursos.

Durante los últimos veinticinco años, el sistema legal argentino sancionó una gran cantidad de medidas de acción positiva para las personas con discapacidad. La Constitución Nacional, reformada en 1994, comprometió al Estado argentino a garantizar determinados estándares de vida para los integrantes de este colectivo, que lamentablemente están muy lejos de la realidad económica de nuestro país.

Aquella prioridad en la asignación de recursos en materia sanitaria para las personas con discapacidad debería mantenerse, pero será necesario reflexionar sobre la gestión de ese sistema. Así como una crisis de la magnitud de la pandemia global acarreará consecuencias en materia sanitaria y económica, es difícil creer que ello no afecte también en materia jurídica.  Las cinco grandes tendencias que aquí señalo no fueron originadas por la pandemia, pero sí es razonable conjeturar que se profundizarán en un contexto de crisis económica global:

1.  Crecimiento demográfico del colectivo de las personas con discapacidad: el aumento de la cantidad es una tendencia consolidada en la composición poblacional mundial desde hace varias décadas.

2.  Fragmentación del colectivo de las personas con discapacidad: junto con el aumento cuantitativo es posible que sobrevengan distinciones al interior del colectivo de las personas con discapacidad, en parte como producto de su heterogeneidad de origen.

3.  Crisis financiera: la dificultad del sistema de la seguridad social para afrontar prestaciones en discapacidad se expresa en los indicadores que presentan los agentes del seguro de salud, especialmente ante reclamos de alto impacto.

4.  Garantía del Estado: incremento de la importancia relativa del erario público en el sistema de redistribución de fondos entre los agentes del seguro de salud.

5.  El amparo crónico: exorbitante cantidad de litigios judiciales para reclamar prestaciones en discapacidad.

La tendencia a la sanción de leyes diferenciadas según patologías constituye un grave pero recurrente defecto de técnica legislativa. Evidencia la imposibilidad de sintetizar las soluciones en un solo texto, a la vez que produce dispersión y reiteraciones innecesarias. Con la sanción de la Ley 24.901 se logró, por varios años, un agrupamiento eficiente para constituir un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Tal sistema de prestaciones es una consecuencia directa de la noción redistributiva que contienen las medidas de acción positiva, promovidas por el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Muchas leyes nacionales y provinciales vienen a complementar aquel sistema de prestaciones, sin perjuicio de la incorporación al derecho argentino de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de la Ley 26.378.

A pesar de la profusión de normas, el grado de cumplimiento es escaso. Así, la enunciación de derechos se transforma en un relato épico, pero de poca efectividad práctica. Por eso en varias situaciones es inevitable acudir a la vía del amparo judicial para lograr las prestaciones de obras sociales, empresas de medicina prepaga o programas estatales. Esta gran cantidad de amparos puede ser considerada como un indicador del fracaso parcial del sistema. Por otra parte, la abundancia de litigios judiciales conspira contra la certidumbre y la previsibilidad del sistema de prestaciones. ¿Podría brindar una solución la incorporación de una agencia de evaluación de tecnologías en los procesos judiciales? Quizás funcionaría a modo de una prueba pericial, a disposición de los magistrados antes de dictar sentencia.  Sin embargo, ello no parece brindar una solución concluyente a la tensión por el acceso a recursos sanitarios.

Lamentablemente, en materia de discapacidad, el Estado argentino carece de una política clara y consistente. Sus funcionarios intentan copiar las consignas del movimiento asociativo y así camuflarse.  Se trata de un reflejo básico, ensayado con el propósito de captar la simpatía de los activistas. El resultado de tal impostura es una ambigüedad en tales áreas de la administración pública, donde no se sabe en realidad si son una delegación de las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad dentro de la estructura estatal. Esta carencia de iniciativa política deriva en una falta de credibilidad y legitimidad para imponer normas perdurables.

Las campañas de sensibilización ante la opinión pública conforman apenas una ínfima parte de la tarea estatal para evitar la discriminación.  La visibilidad tiene que darse a través de hechos concretos y de una agenda transparente en esta materia. Por ejemplo, en cuanto a la inclusión laboral, la agenda oculta de las últimas décadas se traduce en una carrera de obstáculos hacia el empleo público. Ello deriva de la Ley 22.431, que todavía no se logra cumplir, aunque ya tiene casi medio siglo de vigencia. Pero la contratación de agentes públicos no puede ser la única respuesta a la inclusión laboral. La pandemia, al abrir las puertas al teletrabajo como una oportunidad para ampliar oportunidades de empleo productivo y accesible, puede traer un cambio positivo en ese sentido.

Finalmente, la propuesta más importante en materia de políticas públicas en discapacidad es lograr dialogar sin ambigüedades ni malentendidos, propios del lenguaje demagógico. Es muy difícil opinar distinto cuando algunas organiza- ciones radicalizadas utilizan el hostigamiento como forma de acallar el debate. En tal sentido, hay que advertir que el Estado no puede apañar esa forma de autoritarismo a través de agencias como el INADI, que está sobredimensionado burocráticamente y distorsionado en sus funciones originales. En la pospandemia se necesitará de mayor idoneidad en la gestión que la demostrada hasta aquí y, en general, mejores argumentos.

NOTA: Extracto del libro “Pospandemia: 53 políticas para el mundo que viene”, publicado por el
Centro de Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella.

https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=20366&id_item_menu=32704
 

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