Cara y Cruz

Un fraude al cajón

El lunes, este diario informó sobre un fallo de la Justicia de La Pampa por el cual...
miércoles, 24 de febrero de 2021 · 01:10

El lunes, este diario informó sobre un fallo de la Justicia de La Pampa por el cual se condenó a dos docentes a 2 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos en la administración pública de esa provincia, por haber defraudado al Estado al presentar certificados médicos falsos con el fin de concurrir al Mundial de Fútbol Rusia 2018. El fallo fue del juez Carlos Pellegrino. Pero los docentes lo apelaron y el Tribunal de Impugnación resolvió atenuar la condena reduciendo la inhabilitación a seis meses, aunque confirmó la responsabilidad en cuanto al fraude. 
Para el tribunal, “el uso del certificado médico ideológicamente falso causó un perjuicio al patrimonio de las arcas del Estado, consistente en el pago de los días como laborados y en la erogación dada en la necesidad de contratar personal suplente; ello, pues, usufructuaron días de licencia con goce de haberes que aprovecharon para viajar al exterior, viaje que había sido programado con varios meses de anticipación”.
En el proceso de investigación previo, la fiscalía había solicitado la condena al comprobar que los docentes presentaron un certificado médico por depresión leve, extendido por un psicólogo, que les indicaba reposo laboral entre el 13 de junio y el 5 de julio de 2018. Pero luego comprobaron que los docentes habían salido del país rumbo a Rusia al día siguiente de iniciada la licencia. 


El caso pampeano remite al catamarqueño. Ese mismo año del Mundial, se viralizó en redes sociales una foto de docentes de Tinogasta con una bandera argentina en Europa. La supervisora del sur del departamento recibió denuncias y las trasladó al Ministerio de Educación, con la sospecha de que los docentes habían mentido que estaban enfermos para engañar a las autoridades y así poder ausentarse de la provincia. El hecho quedó confirmado en varios casos.
La entonces directora de Reconocimiento Médico Docente, Analía Leiva, viajó al interior para constatar la situación de los docentes que habían solicitado la licencia. Tenía una lista de 12 ausentes por enfermedad, de los cuales algunos no se encontraban en su domicilio. Los intimó para que expliquen la razón de su “no reposo”. Unos lo justificaron, otros no. Leiva, además, cruzó los datos recabados con un  informe remitido por la Dirección Nacional de Migraciones, donde constaba la salida del país de los docentes investigados y su posterior retorno. Una ausencia que coincidía con el periodo de la licencia. Y así la cartera educativa dispuso la suspensión de los docentes tinogasteños, 5 en total, sin goce de sueldos y los inhabilitó para concursar cargos por dos años. Además, hizo una presentación en la Justicia para que se investigue un presunto fraude al Estado y la falsificación de instrumento público.

Aparte, estaba claro que también se desprendía del caso la responsabilidad de los profesionales médicos que firmaron los certificados y avalaron la existencia de una enfermedad que no era tal. Eso quedó para que lo investigue la Justicia penal. 
Pero el trabajo de Leiva fue en vano. El Ministerio de Educación, por esos días a cargo de Daniel Gutiérrez –hoy vocal de YMAD- decidió levantar la suspensión a los docentes y restituirlos en la función, como si nada hubiera ocurrido. Fue luego de hacer lugar al planteo formal que hizo el abogado de los docentes, Hernán Sierralta, quien rechazó que sus defendidos hubieran incurrido en abandono de servicio. Leiva debió consolarse con una declaración pública: "De esta forma los docentes van a seguir defraudando al Estado porque total no hay castigo; es una barbaridad", expresó indignada. 
El propio Gutiérrez había advertido, incluso, que avanzarían del mismo modo con otros casos de docentes de Capital y de otros departamentos que también tomaron licencias por razones de salud y salieron del país. Puro jarabe de pico. Y tampoco prosperó, como otros tantos casos de alto impacto, la “investigación” iniciada por el entonces fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, ascendido luego a juez de Control de Garantías. 
Y así, el fraude en perjuicio del Estado murió en un cajón. Fue apenas un buen intento.

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