CARA Y CRUZ

Arraigo financiero

miércoles, 10 de febrero de 2021 · 01:04

En la propuesta que giró al presidente Alberto Fernández para regular el mercado de las monedas virtuales y promover el desarrollo de una moneda digital argentina o del Norte Grande, el gobernador Raúl Jalil incorporó un dato que prueba mejor que cualquier artilugio intelectual el carácter falaz del federalismo argentino: el sistema financiero catamarqueño presta en la provincia sólo el 18% del total de sus depósitos. Más de tres cuartos del dinero catamarqueño, entonces, es exportado por la banca para financiar la economía de otros distritos, principalmente los de la Pampa Húmeda, fenómeno correlativo a los desmesurados niveles de endeudamiento en los circuitos informales donde engorda la usura.

La idea de crear una criptomoneda con respaldo estatal y fomentar el desarrollo de instrumentos financieros de la industria fintech (tecnología financiera) formó parte de los planteos que los gobernadores del Norte Grande llevaron al Presidente al encuentro realizado en Chilecito.

Apunta a generar oportunidades de inversión en la región y revertir, en definitiva, la fuga de activos financieros desde los márgenes hacia el centro, digitalizándolos.
No es sencillo, pero en algún momento  había que empezar a discutir el tema.
“Hace falta pensar en un nuevo modelo de servicios financieros. La tecnología rompe no solo las fronteras entre negocios, sino que ya está alterando los equilibrios entre países.

Aquellos que fomenten ecosistemas emprendedores y de adaptación  al medio digital acogerán actividades de mayor valor añadido en sus territorios”, consideró Jalil.
El mandatario señaló que “varios países detectaron esta necesidad de regulación ante un mercado en marcado crecimiento y diversificado en monedas digitales ‘de curso no legal’ luego del éxito del Bitcoin”.
Córdoba ya avanzó en un esquema impositivo sobre las actividades con criptomonedas, gravándolas con ingresos brutos, aunque con dificultades para establecer “el momento en que se perfecciona el hecho imponible” y sistema que permitan ejercer control sobre los movimientos.

Todo es muy novedoso y dinámico.
La garantía estatal sería la ventaja comparativa de la criptomoneda pública. Ofrecería, estima Jalil, una alternativa para obtener utilidades significativas menos incierta que las criptomonedas en curso, “una inversión más atractiva para perfiles de inversores menos especializados o con relativa aversión al riesgo”.

Los eventuales inversores comprarían “riesgo empresario” en actividades productivas y comerciales, e incluso en obras públicas y proyectos de desarrollo social. “Los gestores de los proyectos tendrán la posibilidad de acceder a líneas de financiación de muy bajo costo y rápida ejecución, poniendo los capitales del país dentro de un motor productivo que impacte directamente en la creación de empleos, la adquisición de bienes industriales, la implementación de mejoras continuas, en un ciclo de inversión positiva que esteriliza el efecto inflacionario de expansión monetaria”, argumentó el gobernador.

El diseño precisa un marco legal nacional, pero el Gobierno trabaja  la posibilidad de empezar con el respaldo de recursos provenientes de la minería y la inversión en proyectos mineros. Cuenta con instituciones financieras para avanzar: la ex CAPRESCA y las Cajas de Crédito similares a la de la Capital cuya creación el
Gobierno financió en distintos municipios del interior.

Hay que andar todavía mucho, aparecerán seguramente algunas resistencias, hijas del recelo o de intereses afectados, pero si el proyecto prospera y se afianza empezará al menos a atenuarse una migración a la que se le presta escasa atención y se subestima en sus nocivos efectos: la de los capitales catamarqueños que eslabonan los bancos.
Las monedas digitales y la tecnología financiera podrían ser grandes herramientas para construir un federalismo real, con arraigo financiero.

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