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EL MIRADOR POLÍTICO

Defecciones educativas

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7 de noviembre de 2021 - 09:26 Por Redacción El Ancasti

Un sondeo organizado por el Ministerio de Educación para relevar las necesidades de los Institutos de Educación Superior descubrió que numerosos docentes figuraban como presentes en las planillas de asistencia pero no estaban en clases, varios de ellos porque tenían que concurrir en el mismo horario a otros establecimientos.

Fue en realidad la confirmación involuntaria, producto del azar, de la vigencia de una maña crónica y extendida en el ecosistema educativo, afianzada por la tolerancia, prescindencia, incompetencia o complicidad de las autoridades, cuya ejecución registra diversos “modus operandi”: firmar y retirarse, hacerse falsificar el gancho o bien dejar asentadas todas las asistencias juntas antes o después de las fechas fijadas por el almanaque, en una sentada, para cubrir el flanco burocrático. 

“Todo docente sabe que, para llenar sus papeles de alta, tiene que elaborar una declaración jurada que fija que no tenga incompatibilidad horaria. Es decir: si estoy en una escuela no puedo estar al mismo horario en otro lugar”, explicó la directora de Educación Superior, Anahí Perea, con lógica irrefutable salvo que se apele al don de la ubicuidad.

“Uno espera que la declaración jurada que fue presentada sea real, pero cuando uno va a las instituciones se encuentra con que el docente no está y que además se sabe que no va a ir porque está dando clases en otra institución. El docente tiene la posibilidad de justificar por qué no está en clases; tiene que explicar y, en el caso más grave, se hace una presentación y todo docente sabe que es abandono de servicio y que si ha falseado la declaración jurada va a la parte jurídica", explicó.

Fraude palmario

Como lo que se ha confirmado es un fraude en perjuicio de la administración pública perpetrado al amparo de los directivos de los IES, que por acción u omisión permitieron las maniobras, se abre ante la ministra Andrea Centurión la posibilidad de avanzar a fondo en los frentes administrativo y judicial para enviar una señal ejemplificadora hacia la sociedad y la propia corporación educativa.

Si tal es el propósito, el departamento jurídico de la cartera educativa tendría que asumir en el terreno judicial conductas más agresivas que las desplegadas hasta ahora para instar el desarrollo de los expedientes.

También la Fiscalía de Estado, a la que la Constitución asigna la función de “defender el patrimonio de la Provincia, que será parte legítima en todos los juicios en que se comprometan intereses o derechos provinciales”.

Apatía

El viernes, el fiscal de Delitos Especiales contra la Administración Pública, Facundo Barros, indagó a uno de los docentes imputados en 2018 por haber tomado licencia por razones de salud para viajar al exterior.

Se trata de un caso paradigmático. El expediente judicial se abrió por iniciativa del Ministerio de Educación, luego de una investigación administrativa iniciada cuando se reveló que cinco docentes tinogasteños con licencia médica habían viajado al Mundial de Rusia. Licencias truchas, obtenidas con certificados médicos supuestamente también truchos, puesto que no podían dar clases, pero sí asistir a la justa deportiva ecuménica, expedición que costaba, aparte, sus buenos dólares.

Son dos encartados en la Capital y cinco en Tinogasta. El indagado del viernes había estado en Perú y Colombia, según dijo en la ampliación de su indagatoria en busca de tratamientos alternativos para una esclerosis múltiple que padece desde hace más de una década. El otro, que postergó su declaración porque cambió de abogado, sí habría estado en Rusia. Sobre la causa que se tramita en Tinogasta no hay novedades.

La causa capitalina estuvo parada por un recurso interpuesto por las defensas cuya resolución demandó la intervención del Juzgado de Garantías. Retornó a la fiscalía de Barros hace pocas semanas.

Según los testimonios de los profesionales de Reconocimientos Médicos, los papeles de los docentes estaban en orden, pues el organismo se limita a constatar la existencia de los certificados médicos que presentan quienes solicitan licencias, sin profundizar en su veracidad.

El paso siguiente es que la Justicia siga la cadena de complicidades y convoque a los médicos que expidieron los certificados base para las presuntas licencias truchas.

Lo único que hizo el Poder Ejecutivo a lo largo del proceso es plantear la denuncia. Esto es: el Gobierno dejó librada la prosecución de la causa pura y exclusivamente a la dinámica judicial –que es cualquier cosa menos dinámica-, sin promover la producción de pruebas que abonen la acusación por él mismo instigada. Frente a esta conducta, las defensas de los acusados pueden limitarse a esperar que los delitos prescriban por inanición probatoria.

Conducta típica

Si se amplía el ángulo de análisis, se advertirá que la apatía de los organismos jurídicos del Gobierno en este episodio de los docentes que viajaron al Mundial es idéntica a la que exhibe en todos los casos de corrupción que afectan el patrimonio público.

Por lo general, con razón, se cargan las responsabilidades por la irresolución de las causas solo sobre el Poder Judicial. Los voceros oficiales sugieren invariablemente que es necesario esperar el pronunciamiento de la Justicia, cosa que también puede ser cierta.

Sin embargo, es evidente que no hacen nada por apresurar ese pronunciamiento judicial que aguardan, defección que contrasta con la actividad de las defensas de los sospechados.

Es decir: el Estado, en teoría interesado en resarcirse de los perjuicios devenidos de las transgresiones, se abstiene de participar en procesos que los representantes de quienes deberían abonar tales resarcimientos siguen atentamente para hacer que sus clientes zafen. Sin demasiado esfuerzo, puede añadirse, porque la Justicia, que jamás actúa de oficio, desiste de avanzar en cuanto los escandaletes salen del foco de la atención pública.

Bisagra potencial

Con lo de las ausencias fraudulentas en los IES, la ministra Centurión podría quebrar esta tradición prescindente. Los agentes de la Dirección de Educación Superior tienen tendrán identificados tanto a los docentes en faltas que incluyen la incompatibilidad horaria como a los funcionarios administrativos de los establecimientos que las facilitaron. Es una herramienta política poderosa.

La apertura de causas en los fueros penal y civil parecería, en principio, ineludible. Omitirlas podría configurar el incumplimiento de sus deberes como funcionaria.

Pero la iniciación de los trámites en sede judicial será solo una formalidad si el ministerio o la Fiscalía de Estado no procuran el avance de las investigaciones y las sanciones pertinentes, eventualidad que las contrapartes tratarán lógicamente de evitar.

La fortuna ha puesto ante la ministra Centurión la oportunidad de meter una bisagra en el historial de deserciones del funcionariato educativo.

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