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CARA Y CRUZ

Recuerdos incómodos

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6 de noviembre de 2021 - 01:10 Por Redacción El Ancasti

El recuerdo de una denuncia penal por supuestas corruptelas en el Instituto Provincial de la Vivienda, que el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio Francisco Monti llevó al debate organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, refrescó otros episodios vinculados a entuertos opacos con recursos públicos jamás esclarecidos en sede judicial. 

Particular relieve ganaron, en una memoria sobrecargada de acontecimientos bajo sospecha, los casos que involucraron el alquiler de maquinarias para obras públicas, debido a que la denuncia que el propio Monti hizo en 2019 contra el entonces titular del IPV Dante López Rodríguez, contra el que ahora compite, se basó en una auditoría del Tribunal de Cuentas donde entre las irregularidades detectadas se destacaban las relacionadas con movimientos de suelo.
Lógico. El análisis de los auditores fue sobre la ejecución de diez licitaciones de Valle Chico, cuya construcción demandó enormes excavaciones. 

La “ciudad satélite” fue la obra cumbre de López Rodríguez, dilecto miembro del círculo gubernamental de la época. La localización de la barriada fue objeto de polémicas ahora olvidadas, tanto por la distancia que la separaba del casco urbano, que demandó costos mayores para llevar los servicios, como por las características del suelo y la geografía, que requería un desproporcionado esfuerzo de adecuación.
En este mismo espacio se consignó oportunamente que la característica más singular del proyecto era que el trabajo de las maquinarias para remover tierra y rocas sería desmesuradamente mayor que el empleado para edificar las viviendas. Ideal para la práctica de una de los más acendrados y sencillos hábitos del fraude al erario en el campo de la obra pública: la sobrefacturación de horas-máquina por parte de contratistas del Estado.

Poco antes de la denuncia de Monti contra López Rodríguez, había reventado en Vialidad Provincial un escándalo precisamente por ese tema, que originó una causa penal.

Una adulteración de títulos automotores hizo metástasis hasta colocar a todo el sistema vial en capilla. La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública revisó los contratos y encontró fuertes indicios de componendas entre los contratistas, desdoblamientos para evitar superar el tope establecido para las contrataciones directas, sobrefacturaciones, concursos de precios direccionados y “perlitas” como superposición horaria de las máquinas, que estaban en obras distintas al mismo tiempo.

En obras de asfaltado de un tramo de la Ruta 40 se había adjudicado en forma directa a una empresa un contrato de 16 millones de pesos por el alquiler de maquinarias. La cifra representaba el 35% del monto total pactado entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial por la obra, que era de $45 millones,

Se descubrió un extraordinario incremento de los montos que Vialidad destinaba a alquilar maquinarias para abrir, asfaltar y reparar rutas. El presupuesto en el rubro había crecido un 176%  entre 2015 y 2017. Pasó de $50 millones a $138 millones, con un detalle sugestivo: en 2016 la cifra había mermado sensiblemente respecto del año anterior.

“Cara y Cruz” del 2 de noviembre de 2018: “El negocio de alquilar máquinas excede a Vialidad y es una usina permanente de sospechas. En 2012, la recién asumida administración de la Municipalidad de la Capital detectó lo que parecían inconsistencias entre las sumas abonadas en este concepto a diferentes empresas y el trabajo realizado. Tras algunas alharacas, no hubo mayores novedades. Los gigantescos movimientos de suelo que demandó edificar Valle Chico también requirieron desembolsos millonarios para contratar la maquinaria. Lo mismo ocurre con la limpieza de los cauces de ríos y el levantamiento de terraplenes. Se paga por hora y es muy difícil controlar eventuales matufias”. 

Inoportuno el recuerdo de las correrías de López Rodríguez en el IPV. Memoria incómoda. 

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