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EDITORIAL

Vacíos preocupantes

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15 de noviembre de 2021 - 01:33 Por Redacción El Ancasti

Pese al gran aporte efectuado por el Colectivo Ni Una Menos en los últimos años en materia de concientización del flagelo de la violencia de género, las tasas de femicidio, y también de trans travesticidios, se mantienen en aumento. Las estadísticas, elaboradas en forma no oficial por distintos observatorios sobre la problemática, indican que en los primeros diez meses del año se cometieron 250 femicidios y trans travesticidios. En todo el año pasado sumaron 251, de acuerdo con las cifras presentadas oportunamente por la Corte Suprema de Justicia. En promedio se produce un femicidio cada 30 horas.

Los observatorios que llevan la cuenta de este tipo de crímenes desde 2008 aseguran que hay un subregistro muy marcado de trans travesticidios por la propia situación de marginalidad y vulnerabilidad que padece ese sector de la población. 

El principal déficit de las políticas para prevenir los casos extremos e irreversibles de la violencia de género se encuentra en la prevención. Las mujeres que sufren violencia se animan más a denunciar y las duras condenas a los autores de los femicidios cumplen una función ejemplificadora. Pero en el medio de este proceso –es decir, el tramo que va desde la denuncia a la consumación del crimen- suele haber vacíos preocupantes generados por la inacción de parte del Estado. La mujer que denuncia muchas veces se encuentra desamparada, lo que favorece desenlaces trágicos de los conflictos.

Las medidas de restricción de contacto o de acercamiento que suele imponer la Justicia a los agresores no son suficientes. Se requiere de medidas más activas de parte del Estado, que debe intervenir enfáticamente para sacar a las víctimas del entorno violento y protegerlas de los victimarios.

Para llenar este vacío y otorgar más protección a las mujeres, el recientemente creado, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación puso en marcha el programa Acompañar, dirigido a mujeres y personas que integran el colectivo LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia por motivos de género. A ellas el estado les otorga una ayuda económica durante seis meses, la que es compatible con otras asistencias estatales.

El aporte económico les otorga cierta autonomía que les permite alejarse del entorno violento en el que viven. Además, reciben acompañamiento y contención psicológica. Ya hay 90.000 personas que están en el programa. 

Las primeras evaluaciones del programa indican que es un aporte positivo, aunque por cierto se requiere de muchas otras acciones sistemáticas para lograr bajas significativas de los femicidios y trans travesticidios. Las denuncias de las víctimas o las investigaciones de oficio que pueda desplegar la Justicia ante los casos de violencia de género en sus distintas variantes deben desencadenar las acciones estatales de manera inmediata, a los fines de evitar que las agresiones escalen peligrosamente.n


 

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