CARA Y CRUZ

La muerte civil

jueves, 14 de enero de 2021 · 01:09

Las alternativas que signaron la renuncia del médico Roberto Gómez a ser candidato al Comité Capital del radicalismo marcan la profundización de un tan indeseable como peligroso derrotero en el litigio político.

Los órganos de la UCR no alcanzaron a pronunciarse sobre la impugnación que había interpuesto en su contra un grupo de mujeres, porque dimitió antes para no verse envuelto en lo que rumbeaba a una carnicería. Sin embargo, aunque todavía precario, queda el precedente: sería suficiente una denuncia para invalidar a un candidato.

Una exempleada de su nosocomio acusó a Gómez por abuso sexual el año pasado, mientras se desarrollaba la campaña en la que se postulaba a Gobernador. 

Con estos elementos, varias afiliadas radicales exigieron que se lo excluyera de la contienda interna. 
“Manifestamos nuestra honda preocupación por la persistencia del partido en apoyar y acompañar candidaturas de ciudadanos comprometidos moralmente con denuncias que rozan la integridad física y moral”, expresaron, previo a equiparar el caso con el del exintendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar.

 

La analogía es forzada. 
Aybar fue condenado por abuso sexual después de un juicio que se extendió durante más de siete años, durante los cuales se desempeñó como jefe comunal y utilizó los recursos públicos para dilatar el proceso, movilizar partidarios y tratar de sobornar y amedrentar a quienes lo cuestionaban. 
Ninguno de estos extremos se cumple con Gómez, que ni siquiera ha sido imputado por el presunto ultraje. Con el criterio de estas boinablancas, debe declararse la muerte civil de cualquier persona por el solo hecho de que otra lo denuncie. 

Es no solo absurdo desde el punto de vista jurídico, sino de una ingenuidad peligrosísima, pues  aceitaría aún más la maquinaria de las difamaciones como instrumento de la puja política, donde no se sabe cuando se pasa de tener el cuchillo por el mango a ser el apuñalado. 

El género femenino, justamente, ha sido y es aún blanco de mecanismos degradantes por el estilo: locas, rameras, despechadas, histéricas y sigue el repertorio del descrédito patriarcal que tanto se combate, sin perjuicio de incurrir en idénticas impugnaciones infundadas cuando de carnear adversarios se trata.
¿Qué clase de sistema se está proponiendo? Un conjunto de personas se arroga, en función de una superioridad moral autoatribuida, la prerrogativa de decidir quién es o no digno, basado en sus impresiones, simpatías, inquinas o sospechas. 
Eso no es lucha de género: es la Inquisición y el fascismo.

 

La falla está en el sistema judicial. 
Aybar difirió siete años el juicio oral en su contra y fue reelecto intendente en el ínterin. Gómez lleva un año y medio con el sambenito sin que la Justicia se haya pronunciado sobre su situación. Esta indefinición es una injusticia, para él o para la mujer que lo denunció, vaya a saberse. Miseria del Poder Judicial: no es posible determinar si el doctor Gómez disfruta de la impunidad o padece la calumnia. 

Aquí si puede marcarse un privilegio del galeno, que para su fortuna goza de alguna gravitación social. A otros acusados de abuso menos encumbrados los meten presos y esperan el juicio en prisión sin tantas consideraciones. 
Y más de uno, con varios años de cárcel sobre el lomo, resultó al final ser inocente.

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