cara y cruz

Criterios distorsionados

miércoles, 13 de enero de 2021 · 01:04

Algunas disposiciones ajenas a lo sanitario tomadas por el Gobierno durante la pandemia dejaron en evidencia criterios distorsionados sobre el valor de las cosas y del dinero que campea en amplios sectores de la sociedad, a los que la política suele plegarse demagógicamente para evitarse conflictos. 
Consignar esto no implica negar la existencia de privilegios no menos ostensibles y extendidos, sobre todo en la casta política, pero se trata de consignar una desproporción que, naturalizada e incorporada al proceso de toma de decisiones, acaba por perjudicar todo el sistema y restringe las posibilidades de asistencia por parte del Estado a los más desguarnecidos. 
Cuando demandas y pretensiones fuera de órbita se conjugan con el espíritu demagógico y la pulsión clientelar, se configura un círculo vicioso muy difícil de romper.


La polémica por el aumento de las cuotas de las viviendas que entrega el IPV es el ejemplo más reciente de este fenómeno. 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió elevar el monto en un 100%, luego de un período de 8 años en el que solo se actualizaron en tres oportunidades, cuando la reglamentación habilita un ajuste anual. 
100% parece mucho así, en pelo nomás, pero resulta que se aplicó sobre desembolsos de 1.700 pesos, de modo que la cuota pasó a ser de 3.500 en el peor de los casos. Había cuotas de 500 u 800 pesos. 
Es una cifra mensual irrisoria por una vivienda. Un alquiler barato la cuadriplica.
Por las viviendas para solteros, en un esquema diseñado para ingresos de al menos tres salarios mínimos, se pagan solo 11.000 pesos.
No hay sistema de financiación que resista con devoluciones tan exiguas. 
El ministro Fidel Sáenz explicó que el sistema estaba desfinanciado, más aún con la inflación, y apeló al sentido de solidaridad de los adjudicatarios hacia quienes todavía aguardan por una casa financiada por el sector público.  Vivienda y Urbanismo, aparte de las viviendas sociales que entrega el IPV, edifica a través de la Secretaría de Vivienda casas gratuitas y desarrolla mejoramientos habitacionales.


Podría proponerse incorporar a los reglamentos de la política de vivienda que quien no esté conforme con el valor de la cuota devuelva la unidad para que puedan aprovecharlas otros, a ver qué pasa. Es difícil que vaya a conseguirse financiamiento mejor. Incluso devolviendo a quien se decida por este camino el dinero pagado hasta ese momento el Estado ganaría plata.
La política de viviendas del Gobierno puede ser objeto de muchas críticas, de hecho lo ha sido en varias ocasiones, pero no de esta.


El incidente remitió al del bono de fin de año de 4.000 pesos que otorgó el Gobierno a la administración pública, que los gremios docentes objetaron porque alrededor del 60% de sus afiliados no iban a percibirlo.
¿La razón?  Tenían sueldos por encima de los 70.000 pesos, que no será para considerarse Creso pero para Catamarca es un ingreso de mi flor. Alcanza, por ejemplo, para abonar las desmesuradas cuotas del IPV, incluso las más elevadas, siderales, de las viviendas para solteros.
En este caso el Gobierno no quiso renegar, cedió a las presiones y sacó el tope para que cobren todos menos los funcionarios.
Nótese que el bono equivalía a poco más de 5% del salario del docente que cobra $70.000. 
Haciendo gala de su solidaridad, o de su pereza para idear diseños que trasciendan el mero pedigüeñismo, los gremios del sector buscaron la generalización y no, por caso, que se le mejorara el refuerzo a los docentes con emolumentos menores.

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