CARA Y CRUZ

La casta judicial

La competencia para distorsionar el sentido de los mecanismos institucionales es una...
sábado, 26 de septiembre de 2020 · 03:15

La competencia para distorsionar el sentido de los mecanismos institucionales es una de las especialidades argentinas. Gastada toda la pólvora en señalar las alquimias de la clase política y el sindicalismo, gana espacio la familia judicial, con méritos suficientes para ser considerada ya una oligarquía.
El sistema republicano protege a los encargados de impartir Justicia con una serie de prerrogativas diseñadas para salvaguardarlos de las contaminaciones facciosas.
La intangibilidad de los jugosos emolumentos de jueces y fiscales, la inamovilidad en sus puestos, la exención en el pago del impuesto a las ganancias, son todos elementos que buscan garantizar la independencia del Poder Judicial respecto del poder político, a través de una estabilidad que compense las turbulencias habituales, y hasta deseables, del dinamismo político.


Sin embargo, este virtuoso sistema de contrapesos se ha degradado al punto de que las pendulaciones de la política se trasladan de inmediato a la Justicia. Las prerrogativas dirigidas a encapsular la independencia de criterio han devenido así en irritantes privilegios: jueces y fiscales priorizan mantener sus sueldos desmesurados exentos de tributos y en tal afán se acomodan cíclicamente a los intereses de los eventuales depositarios del poder político.
La política, por supuesto, siempre está interesada en colonizar la Justicia, pero los operadores del Poder Judicial están muy lejos de ser víctimas. Ya ni siquiera es necesario, y esto se hizo mucho más ostensible en la secuencia kirchnerismo-macrismo-kirchnerismo desarrollada en de 2003 a la fecha, el impulso colonizador. Basta el cambio en la cumbre del poder para que el Poder Judicial reoriente sus criterios en defensa de sus intereses de casta.
Las excepciones confirman la regla. Causas penales por corrupción pisadas durante años se activaron de inmediato en cuanto el kirchnerismo fue desplazado por el macrismo; derrotado el macrismo, el movimiento inverso fue reflejo: se empezaron a acelerar los expedientes contra Macri y sus tropas.


Tan sinuosos derroteros alimentan la teoría del “lawfare” que instiga la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, que consiste en la manipulación de la Justicia con objetivos facciosos. 
Claro que esta manipulación solo califica como “lawfare” si afecta a los kirchneristas, y no al revés.
El caso es que la Justicia no está en condiciones de alegar inocencia o ponerse en posición de víctima. Pueden existir fisuras cuando se trata de posicionamientos políticos, pero el frente es monolítico cuando tiene que defender sus prebendas. Tal es lo que ocurre con la dirigencia política, sindical, eclesiástica… cualquier disidencia intestina se supera en cuanto aparece alguna amenaza a los intereses del sector.
Así es como la Justicia a terminado por perfeccionar el sistema de castas que rige en la Argentina, mutando su finalidad republicana como último resguardo de la sociedad ante los abusos del poder por la de sostener y ampliar sus privilegios.


En la antigua Grecia, la oligarquía, un sistema de gobierno en el que el poder estaba concentrado en unas pocas personas pertenecientes a una clase privilegiada, era considerada una degeneración de la aristocracia, que era el gobierno de quienes sobresalían por su sabiduría y su elevada virtud.
La Justicia ha protagonizado ese deterioro. 
Se advierte acá en la causa penal por las supuestas coimas que cobraron los excamaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, que renunciaron para evitar el juicio político. Está trabada porque no puede conformarse la Cámara de Apelaciones que ambos dejaron, que debe resolver un incidente. 
Esto se debe a que quienes deben completarla se inhiben de actuar.
La corporación protege a los suyos. n

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