CARA Y CRUZ

Desacato garantizado

jueves, 24 de septiembre de 2020 · 01:03

En fallo dividido, la Corte de Justicia ordenó que asuman en cinco concejos deliberantes del interior representantes de la oposición que quedaron afuera en beneficio del peronismo en las elecciones pasadas.

La sentencia plantea un problema mayúsculo. Son cinco poltronas que están ocupadas y sus actuales poseedores deberían dejarlas para ser suplantados por los nuevos ungidos.

Llevan ocho meses cobrando dietas y tomando decisiones institucionales ¿Tienen que devolver lo percibido? ¿Son concejales truchos y por lo tanto pueden objetarse sus votos? ¿Los nuevos concejales deben cobrar las dietas adeudadas?

Todo es hipotético, teórico, menos una cosa: los concejales perjudicados se aferrarán a sus bancas y se resistirán por todos los medios a su alcance a acatar lo decidido.

El fallo sale ocho meses después del reclamo del frente Juntos por el Cambio y a esta altura aparece un inconveniente adicional, pasto para renovadas alquimias jurídicas: junto a la derogación del Consejo de la Magistratura y la ampliación del número de miembros de la Corte de cinco a siete, el oficialismo aprobó en la Legislatura una reforma del régimen electoral precisamente en el punto en que obligaba a incorporar a representantes de la minoría en los Concejos Deliberantes independientemente de que los cálculos del sistema de distribución proporcional lo permitiera. Esta reforma, a su vez, también fue impugnada por la oposición.

En fin, que se avecinan conflictos institucionales en El Alto, Pomán, Londres, Aconquija y Tinogasta, donde irán por lo suyo, respectivamente, Saúl Gómez, Pedro Nicolás Miranda, Gabriel Toledo, Carlos Alberto Farías y María Victoria Rensone. Las pechaderas prometen.

Como era de esperar, los opositores celebraron el fallo como un triunfo sobre la angurria totalitaria peronista, y los peronistas lo repudiaron como una expresión de avasallamiento a la voluntad popular.

Formato clásico en los posicionamientos, que varían en la misma fuerza conforme al sitio que ocupen en el arco del poder. En sus tiempos oficialistas, el FCS se cansó de incurrir en maniobras similares y el peronismo de desfilar por los tribunales infructuosamente.

Los precedentes marcan que los hechos consumados terminan imponiéndose, por muchos fallos que alumbren. Lo que ocurre por lo general es que las causas entran en laberintos tan intrincados que pasa el tiempo y se quedan sin materia.

Pasó, por caso, en Santa Rosa, donde una atropellada del intendente Elpidio Guaraz sobre el Concejo Deliberante terminó en la Justicia y, para cuando salieron las sentencias, ya los concejales estaban con mandato vencido.

Lo mismo puede esperarse del litigio que enfrenta al presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, Alberto Barrionuevo, con la concejala peronista Belkys Penisse y su par Sergio Figueroa, también del peronismo, quienes consideran que el puesto no le corresponde. La decisión está en manos de la Corte, pero Barrionuevo está asentado en la mayoría del cuerpo, que conformó circunstancialmente con los ediles radicales por sus diferencias con la intendenta Susana Zenteno.

Al margen de las intrigas de cada caso particular, la judicialización de la política contribuye al desprestigio, de por si significativo, del Poder Judicial.

Salvando las distancias, y la envergadura de lo que está en juego, basta ver lo que ocurre con los casos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, desplazados por el Senado nacional, al comando de Cristina de Kirchner, en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los problemas políticos no suelen encontrar solución en el terreno judicial, mucho menos en escenarios tramados por pasiones tan profundas como el que se atraviesa.

De todos modos, El Alto, Pomán, Londres, Aconquija y Tinogasta se van a poner movidos.

¿Se animará la Corte a hacer valer su sentencia con la fuerza pública?

Porque el desacato está garantizado.

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