jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

Por la astucia de don Vicente

Por Redacción El Ancasti

En una de sus tantas declaraciones periodísticas, el gobernador Raúl Jalil expresó el pasado viernes una opinión favorable a la reforma integral de la coparticipación federal. La posición de Jalil puede haber generado sorpresa en muchos, considerando que cualquier cambio que se le introduzca al régimen de distribución nacional de recursos impositivos es muy probable que afecte de manera directa e inmediata a Catamarca, que tiene ciertos privilegios respecto de provincias de similares características en cuento a población y tamaño de su territorio.

Esa ventaja con la que cuenta la provincia es obra de la habilidad de Vicente Saadi, que negoció en la década del 80, durante el gobierno nacional de Raúl Alfonsín, un índice del 2,6% de los recursos coparticipables, uno más que distritos similares, como por ejemplo La Rioja. Ese porcentaje quedó incorporado a la Ley 23.548, sancionada en 1988, que tenía un carácter transitorio hasta que se debatiera más profundamente un nuevo régimen.

Saadi, que se caracterizaba por sus dotes de astuto negociador, ocupaba entonces puestos clave en el Senado de la Nación, particularmente la presidencia de la comisión de Acuerdos, que era la que viabilizaba la designación de jueces y embajadores. Y desde ese lugar estratégico estaba en condiciones de imponer algunas condiciones, sobre todo porque el justicialismo ostentaba entonces, como ahora, mayoría en la Cámara alta nacional. Y las impuso, según quedó en evidencia cuando se conoció el texto de esa ley.

Pero claro está que Jalil pretendió, con sus declaraciones, expresar su apoyo al presidente Alberto Fernández en la poda de recursos a la CABA en favor del bastión peronista que conduce Axel Kicillof, y no poner en riesgo la privilegiada posición de Catamarca en el reparto de fondos federales.

La gestación de un nuevo régimen de coparticipación federal es una antigua deuda de la dirigencia política. Se debería haber saldado, por mandato constitucional, hace casi un cuarto de siglo. Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1996, se introdujo una cláusula transitoria que obligaba al Congreso de la Nación a sancionar una nueva ley antes de la finalización de 1996. Esa ley nunca se sancionó, entre otras cosas porque requiere del respaldo unánime de todas las provincias. Rige, en consecuencia, aquel instrumento “transitorio” de 1988. Una transitoriedad demasiada prolongada.

Un nuevo régimen es necesario, pero además una obligación constitucional que ya es hora de saldar. En las últimas tres décadas Catamarca, una de las provincias que ha sido históricamente discriminada respecto de la inversión pública nacional en infraestructura, por ejemplo, ha compensado ese desequilibrio con un índice mayor de coparticipación federal. Habrá que ver cuál es la capacidad de negociación de la dirigencia provincial para que la ley que se promueva, si es que se promueve, no termine perjudicando a Catamarca, que, como se sabe, depende de los ingresos coparticipables no ya para desarrollarse, sino apenas para subsistir.

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