EL MIRADOR POLÍTICO

El macro Estado

domingo, 9 de agosto de 2020 · 01:09

Los reproches por el aquelarre mañanero que provocan sus micropiquetes no han de ser incompatibles con un módico agradecimiento: el renovado desvarío egocéntrico del secretario general del SOEM, Walter Arévalo, ha servido para mostra con toda nitidez una tensión creciente en la cuarentena, que las usinas oficialistas intentan disimular cada vez con menos éxito. 

La vocación nacional por las grietas es al parecer irrenunciable. En este caso, se trata de la que separa a quienes transitan la peste al amparo del Estado de los exentos de tal fortuna, que para colmo deben soportar que los miren como carne de cogote por pedir que les permitan trabajar para ganarse el sustento. 
El zanjón quedó expuesto en la iracunda recriminación que una trabajadora varada a causa de un micropiquete le descerrajó al exaltado Arévalo. 

“Estoy perdiendo la posibilidad de ir a mi lugar de trabajo. Es mi obligación y es tu obligación respetar mis derechos. Estoy parada hace 25 minutos”, le espetó, harta de esperar que los manifestantes abrieran paso a una extensa cola de automovilistas que se desgaritaban a bocinazos. 
“Dos horas vas a estar”, provocó antes que responder el otro, al que la impunidad ha provisto de más humos que telegrama de indio.

La mujer remachó: “Tu obligación es ir a trabajar porque para eso cobrás un sueldo. Yo también cobro un sueldo para ir a trabajar, pero a diferencia del tuyo, que es del Estado, el mío es privado. A mí me pueden despedir y vos vas a seguir haciendo esto, con los impuestos que yo y todos los que estamos acá pagamos”. 

Se desconoce la identidad de esta lúcida patriota, cuya reacción expuso con tanta sencillez la angustia de miles de personas, no solo en Catamarca sino en todo el país, a raíz del encuarentenamiento extendido. 
El señor Arévalo puede darse el lujo de personificar al Che Guevara porque, en cualquier circunstancia, pasará a fin de mes por el cajero automático y sus emolumentos estarán depositados. Como difícilmente la Municipalidad de la Capital vaya a cerrar, tampoco lo agobian inquietudes por el futuro de su fuente laboral.

Su indignada objetora, en cambio, está expuesta a descuentos salariales y hasta despidos si no concurre a trabajar, cosa que ha de interesarle más que nunca en medio una incertidumbre generalizada por el futuro económico en el que la clausura de negocios, con la consiguiente pérdida de puestos laborales, es casi única certeza.
El rigor de los lonjazos de la crisis depende del lomo. Los que tienen un ingreso asegurado de la administración pública, por cualquier vía, están en posición mucho más cómoda que los que no. No será un privilegio, pero se le parece bastante en el contexto.

Aparte de la desmesura de Walter Arévalo, la pérdida de adhesiones que han tenido el SOEM capitalino y la FUSSI, ostensible en las manifestaciones de esta semana, obedece la conciencia de esta ventaja entre los agentes de la administración pública, incluidos los precarizados, que cobran todos los meses en tiempo y forma, pero ven cómo la economía se escora y su colapso amenaza a los sectores que no cuentan con el paraguas del empleo o la asistencia del Estado.
Es muy evidente que el sindicalismo disidente libra una batalla de protagonismo contra la CGT y la Unión de Personal Civil de la Nación en un escenario lindante con la catástrofe económica y social.

La herramienta del miedo
Esta exacerbación de la dependencia del auxilio del sector público permitió al Estado ir avanzando sobre la vida privada a grados cuyo vínculo razonable con la prevención es en el mejor de los casos dudoso. El confinamiento se estableció desde un principio con la doble meta de preparar el sistema sanitario para que no colapsara y que la sociedad internalizara las conductas profilácticas necesarias para acotar los contagios. 

A estar por la actitud de los jerarcas estatales, ambos objetivos se han frustrado. La cuarentena se extiende sistemáticamente a nivel nacional por temor a una disparada de contagios y medidas como la prohibición de las reuniones sociales, incluidas las familiares, indican una desconfianza en la sensatez de la gente, a la que se trata como infradotada. 

Las transgresiones se equiparan a delitos. Poco falta para que se fijen horarios obligatorios para las deposiciones.
Fiscalizar el cumplimento generalizado de las disposiciones demandaría una monstruosa estructura policíaca. Tal vez su constitución esté en marcha, pero hasta tanto el camino queda expedito para la arbitrariedad de los controladores, que accionan de acuerdo a la cara del cliente. En Catamarca, por caso, fueron detenidas personas por participar de asados en los inhóspitos Jacipunco o Antofagasta de la Sierra, pero las manifestaciones sindicales contrarían abiertamente la prudencia sanitaria sin que a nadie con facultades para intervenir se le mueva un pelo.

Esto, de parte de un Estado que naufragó al sancionar la ley del teletrabajo que él mismo impulsa, con un diseño que en lugar de alentar la inversión la desalienta al imponer a los empleadores condiciones similares a las del trabajo presencial. 
El conductor Mario Pergolini fue centro de una encendida polémica al respecto tras cuestionar la norma y calificar a sus promotores como “imbéciles”. 

Menudearon las réplicas basadas en argumentos ideológicos, en ninguna de las cuales puede advertirse si sus emisores se detuvieron a pensar que la extensión del trabajo en negro en la Argentina se debe a otros factores además de la gula del capital. Los adalides más enfervorizados de la justicia social no atinan a plantearse que los perjudicados por sus decisiones no son los gigantes empresariales, sino el pequeño y mediano empresario, para quien tomar gente implica el riesgo cierto de quebrar en caso de entrar en litigio.

Otra delicia del intervencionismo estatal llevado al grotesco fue la disposición de la Inspección general de Justicia de la CABA que obliga a constituir los directorios de las sociedades con un 50% de mujeres. Esto es: no pueden crearse en CABA sociedades sin mujeres; hay que buscar alguna para conformar la regulación. El Estado elige el género de los socios en un acuerdo entre privados. 

¿Cómo no han de prosperar los Arévalo en semejante marco? No puede requerírsele al energúmeno que considere la situación de quienes necesitan trabajar si los propios jerarcas estatales actúan como si la generación de empleo y la dinámica económica dependiera del voluntarismo.
La cuarentena aceita el camino hacia el macro Estado. Edén del autoritarismo: todos dependientes de un salario de la administración pública, el IFE o el asistencialismo. Falta establecer quién financia semejante sistema.

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