CARA Y CRUZ

Crisis de escenario

Los recursos judiciales que la oposición interpondrá en contra de las reformas sancionadas...
miércoles, 5 de agosto de 2020 · 01:10

Los recursos judiciales que la oposición interpondrá en contra de las reformas sancionadas por el oficialismo hace dos semanas implican la admisión de su derrota política. 
La batería impugna los cambios introducidos en el sistema de selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial que requieren acuerdo del Senado, con el reemplazo del Consejo de la Magistratura por una Comisión Evaluadora; la modificación del régimen electoral en el punto que obligaba a incorporar a las minorías a los cuerpos colegiados aún cuando no hubieran reunido el número suficiente de votos y la modificación del Reglamento Interno de la Cámara baja. 
Abundarán los argumentos jurídicos para las objeciones, pero la controversia es de orden estrictamente político, donde el Gobierno profundizó  la arremetida.


Mientras el FCS-Cambiemos se entretenía en especulaciones sobre presuntos pactos espurios y la elaboración de estrategias legales para tratar de salvar la ropa en tribunales, el Gobierno avanzó en la construcción de consensos para robustecer su iniciativa y consiguió el acuerdo para la reforma judicial nada menos que de la Universidad Nacional de Catamarca, la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados, representados por sus propios titulares. Respectivamente, Flavio Fama –excandidato a intendente de la Capital por Juntos por el Cambio- Gonzalo Salerno y María Fernanda Rosales. 
La reunión para comenzar a dar forma a la Comisión Evaluadora, encabezada por el gobernador Raúl Jalil, se celebró cinco días después de la polémica sesión en la que el oficialismo aprobó el paquete. Expeditivo en el campo parlamentario, no lo fue menos en el político.
En contrapartida, la respuesta judicial del FCS-Cambiemos, se iniciaría recién hoy. El plenario de Diputados que detonó la controversia  fue hace 20 días, el miércoles 15 de junio. 
La preocupación por la suerte de las minorías con votos insuficientes para calzar en el sistema proporcional de reparto de bancas no parece perforar los acotados límites de los comités. Del Reglamento Interno de la Cámara baja reformado, ni hablar.


El traslado de las aflicciones institucionales a la Justicia procede por la defección legislativa: la oposición no utilizó la mayoría calificada, que solo ella puede dar, para impedir que el oficialismo avanzara. Sí la utiliza, en cambio, para impedir que los oficialistas aprueben el juicio político a los miembros de la Corte de Justicia José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva.
Un viejo adagio leguleyo que nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza. La oposición abdicó de sus prerrogativas políticas y busca ahora que la Corte le subsane el error.
Es una práctica recurrente y por lo general inconducente. El FCS tiene en sus filas a consumados juristas que supieron hacer uso eficaz de la herramienta judicial en su momento, pero hay que detenerse en una sutil diferencia: tal eficacia devenía de que eran oficialismo y la herramienta judicial era una más entre varias. 
La cuestión cambia cuando se convierte en herramienta única, y también podrían los radicales remitirse a su propia experiencia histórica para constatarlo. Cuando era oposición, el peronismo se cansó de interponer recursos judiciales que fueron a vía muerta, sobre todo cuando los radicales le expulsaban legisladores o concejales o directamente no los dejaban asumir.


Y no se trata de tener jueces o fiscales afines a determinada facción, impresión a la que contribuyen tanto las sentencias arbitrarias como la tozudez en tratar de resolver problemas políticos por la vía jurídica, sino de una crisis de escenarios.
Los tiempos de la Justicia no son los mismos que los de la política. No es extraño que los fallos recién alumbren, si alumbran, cuando los hechos ya están consumados y son irremediables. Si es que no se precipita un conflicto de poderes porque el Legislativo se niega a cumplir alguna sentencia. n

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