EDITORIAL

Reforma judicial y expedientes “calientes”

domingo, 2 de agosto de 2020 · 01:02

Tanto a nivel provincial como nacional se impulsan proyectos de reforma que se presentan como iniciativas tendientes a tornar más eficaz el servicio de Justicia. Como sucede siempre que se abordan cambios –de forma y de fondo- en temas de importancia estratégica, el pronóstico es que abundará la polémica, teñida además de análisis con perspectivas sectoriales que tornarán álgido el debate. Pero al margen de los puntos de vista disímiles sobre los que girará el debate, hay problemas que, de tan evidentes, deberían escapar a las controversias. Por ejemplo, la necesidad de que ajustar la tramitación de las causas a plazos razonables, evitando postergaciones que en algunos casos superan largamente la década desde que se cometió el presunto delito hasta que comienza el juicio.

En Catamarca sobran los ejemplos. Y es posible, también, establecer una relación directamente proporcional: cuánto más resonantes son los casos, porque involucran a personas que al momento de los hechos que se investigan ejercían cargos públicos, o porque involucran el rol de instituciones, como la policía, tal el caso Pachado, mayor será la dilación. Y en algunos casos, ni siquiera terminan juzgándose, como sucedió con un sinnúmero de causas de presuntos hechos de corrupción que se investigaron en los años 90, cometidos en esa década o en la anterior.

Otras, esperan la fecha de juicio, que se prorroga al parecer indefinidamente, o están directamente paralizadas: la conocida como “el negocio del hambre” (compras directas de Acción Social), iniciada en 2004; el “megafraude de las fundaciones”, también de 2004; "la comida de Desarrollo Social para los chanchos", de 2008, la de los aerogeneradores, que también tiene más de una década, o la causa FONDETUR, de 2011. Otras, más recientes y que involucran a funcionarios de la gestión de Lucía Corpacci, o a intendentes de las dos fuerzas mayoritarias, correrán, al parecer, el mismo destino: la postergación indefinida o su lenta extinción, y “aquí no ha pasado nada”.

Otra causa de enorme repercusión, porque tiene como acusado a un funcionario actualmente en ejercicio, es la de abuso sexual supuestamente cometido por el intendente de la Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, contra una adolescente. El hecho por el que se lo acusa ocurrió en 2013. Dos veces la Justicia fijó fecha de inicio del juicio, y dos veces el proceso fue aplazado. La nueva fecha fijada es el 11 de agosto.

Habrá que determinar, de todos modos, si las reformas judiciales serán eficaces en el acortamiento de los plazos de tramitación de las causas, o, en realidad, la prolongación indefinida a través del impulso de recursos como nulidades, recusaciones, aplazamientos y apelaciones, continuará como práctica habitual de los profesionales del derecho, consentidas pasivamente por los funcionarios judiciales, muy afectos además a guardar los expedientes “calientes” en los cajones de sus escritorios.

 

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