EL MIRADOR POLÍTICO

Cuestión de ganas

domingo, 2 de agosto de 2020 · 01:03

El golpe de mano que el oficialismo dio en la Legislatura para derogar el Consejo de la Magistratura y extender de cinco a siete el número de miembros de la Corte habrá mellado, en palabras del senador nacional Oscar Castillo, la confianza entre el Gobierno y sus adversarios, pero en contrapartida generó un clima propicio para avanzar en la reforma de la Constitución provincial.
Ingreso de los proyectos y sanción inmediata sobre tablas en la Cámara de Diputados aprovechando la ausencia de objetores. 24 horas después, mientras comenzaban a arder los reproches por el arrebato, el Senado perfeccionaba la operación relámpago.
Las intenciones que hayan movilizado el expeditivo trámite carecen a esta altura de relevancia. Para los opositores, el gobernador Raúl Jalil pretende modelar un Poder Judicial adicto; Jalil insiste con que sus objetivos son sanear unos tribunales tramados por la ineficacia y despojar la cobertura de puestos judiciales de componentes facciosos.
La enmienda constitucional se postula como el puente más idóneo para salvar esta grieta judicial. Es natural. Contra lo que suponen los puristas, la restauración del Poder Judicial demanda consensos que deben surgir de acuerdos políticos transversales. Estos consensos se expresan en la mayoría calificada requerida para la reforma y también, no casualmente, para la remoción de los miembros de la Corte.
¿De qué otro modo han de alcanzarse si no es con acuerdos entre las facciones políticas? Hay uno, que es la adquisición individual o por cuadrillas restringidas de los brazos necesarios para llegar al número sin tantas gestiones, pero en tal caso la cacareada intención republicana será desmentida por el comercio de voluntades y el impulso colonizador quedará expuesto.
La devaluación de la Justicia es tal que se ha convertido en piedra angular para un proyecto integral.
Se discute ya, por caso, la conveniencia de mantener la edad de 65 años para el retiro obligado de los jueces. Un sexagenario era viejo hace cuarenta años, pero hoy en día está en la plenitud de su lucidez y, para el caso quienes imparten justicia, en inmejorables condiciones por la experiencia acumulada para resolver con inteligencia y criterio. Que sea un sabandija no tiene que ver con la edad, sino con la catadura ética: para incompetente o malandra, lo mismo da que tenga 30 u 80.
También forma parte de la agenda implementar el sistema parlamentario unicameral en lugar del bicameral en vigencia, que supone trámites engorrosos, desgaste institucional y duplicación de los costos económicos.
La posibilidad de convocar a elecciones provinciales en marzo, desdobladas de las nacionales, abre espacio a la especulación sistemática y es un factor de incertidumbre que sería bueno eliminar.
Obviamente, también terminar con el anacronismo de la reelección indefinida.

Reconfiguración

Tras la conmoción inicial por la derogación del Consejo de la Magistratura, el oficialismo trató de mitigar el impacto con un proyecto de reforma constitucional presentado por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero.
Castillo reaccionó rápido y ocupó el espacio de principal interlocutor antagónico. Pocas horas después de que Guerrero introdujera la iniciativa, abandonó la cuarentena menos para cuestionar la “atropellada” parlamentaria que para explicitar que la llave para una reforma está en sus manos. El tuétano de sus declaraciones a Multimedios Ancasti se reduce a una frase: el FCS-Cambiemos tiene los dos tercios indispensables para habilitarla.
Hábil declarante, el senador recordó que la reforma de 1988 estuvo viciada de ilegitimidad porque el saadismo no pactó con la UCR, sino con un grupo de legisladores.
Su memoria dista de la inocencia. El cabecilla de aquel pacto fue el presidente del radicalismo, el extinto Gabino Herrera, que era diputado provincial. El castillismo controlaba la Convención partidaria y lo excomulgó junto al resto de los colaboracionistas. Aprovechó para ponerse al frente de la conducción vacante del antisaadismo que dos años después, Caso Morales e Intervención Federal de por medio, accedería al Gobierno.
“Ojo con las atropelladas”, advirtió Castillo, y mentó a un amigo común que tenían con Jalil: el mítico Juan Carlos “Chueco” Mazzón, fallecido, decía que en política “hay que tener códigos”.
Sugirió avanzar en la redacción de un “núcleo de coincidencias básicas” para la reforma y que Jalil vetara la derogación del Consejo de la Magistratura para restaurar la confianza perdida, que vaya a saberse cuándo se había encontrado.
Jalil expresó su acuerdo con lo del “núcleo de coincidencias” –cómo no simpatizar con tan taquillera consigna- pero no vetó. Por el contrario, le metió con la conformación de una “Comisión Evaluadora para selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial que requieran acuerdo del Senado”.

Otro Consejo
La novedad de este nuevo Consejo de la Magistratura radica en la incorporación de la Universidad Nacional de Catamarca y la exclusión de los legisladores y la Corte en el trámite de los concursos y la conformación de las ternas de las que el Gobernador debe elegir para proponer al Senado.
El decreto acuerdo que creó el organismo lo postula como una “autolimitación” del Gobernador en beneficio de criterios académicos para la evaluación de los aspirantes. El jurado de los concursos se compondrá de tres personas “pertenecientes al sistema universitario nacional”, propuestas por la Facultad de Derecho de la UNCA.
Para el Gobierno, suplantar a diputados y senadores por juristas de la academia despoja al sistema de evaluación de “intereses políticos partidarios”. Esta idea es compartida por el rector de la UNCA, Flavio Fama, que fue candidato a intendente de la Capital por el FCS-Juntos para el Cambio en las últimas elecciones y participó de las reuniones previas a la creación de la Comisión Evaluadora.
Reconforta confirmar la preocupación de la dirigencia por la castidad técnica.
Debe considerarse, sin embargo, que la Comisión Evaluadora reemplaza al Consejo de la Magistratura y, por consiguiente, reduce las posibilidades del éxito de la impugnación judicial que la oposición hará esta semana a la derogación del sistema de selección de jueces y fiscales.
Los condicionantes a la voluntad del Gobernador no han desaparecido, sino que cambiaron. El planteo judicial es “changa muerta”.

Solo por ahora
Lo interesante es que el Gobierno enfatiza en el decreto-acuerdo el carácter coyuntural del instituto.
En el artículo 14 dispone que “la Comisión Evaluadora funcionará transitoriamente, hasta tanto un organismo con rango constitucional la reemplace, comprometiéndose dicho órgano a trabajar en la reforma de la Constitución provincial”.
En síntesis: Gobierno y oposición coinciden en que hay que diseñar un núcleo de “coincidencias básicas” para blindar la enmienda y el Gobierno encomienda al órgano que suplantará al Consejo de la Magistratura “trabajar la reforma”.
Adicionalmente, Castillo expresó que está de acuerdo con la mayoría de los puntos del proyecto de Guerrero.
Tantas coincidencias no alcanzan a configurar las “coincidencias básicas”.
Para llegar falta la voluntad política de los actores. Es cuestión de ganas, nomás: si realmente las tienen, no debería haber problemas para modificar un régimen constitucional tan vetusto que, además de lubricar la perpetuación en el poder, exige la dimisión de jueces en pleno uso de sus facultades.

 

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