CARA Y CRUZ

Oferta restringida

viernes, 14 de agosto de 2020 · 01:03

El límite de edad de 65 años para ocupar puestos en el Poder Judicial, establecido en la Constitución, restringió las alternativas del Gobierno para cubrir los dos nuevos puestos que se crearon en el máximo tribunal hace casi un mes.
Es indicio de la necesidad de remover el límite de edad para ejercer la magistratura, que se impuso cuando 65 años eran considerados demasiados para cargar con las responsabilidades y tensiones que suponen tales puestos. Actualmente, una persona de esa edad, y bastante más avanzada, está por lo general en pleno uso de sus facultades físicas y mentales y en condiciones idóneas, por la experiencia acumulada, para tener un desempeño más que digno.


Pero modificar el requisito de permanencia requiere una reforma de la Carta Magna, de modo que el puesto ofrecía pocos atractivos para hombres y mujeres del derecho experimentados, que se verían obligados a dimitir en pocos años o bien a intentar permanecer expuestos a objeciones como las que se centran en José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, quienes franquearon hace tiempo la fecha límite y, aunque estén avalados por sentencias judiciales para seguir, son objeto de un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados que cada tanto levanta polvareda.
Como se informó en este mismo espacio, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, rechazó el ofrecimiento de uno de los cargos a pesar de que reunía los requisitos y los consensos, porque quiere seguir dedicada a la política.
El caso es que el Gobierno tuvo que rastrillar entre generaciones más jóvenes y su oferta alumbrará con algunas sorpresas.
Circulan nombres, sujetos a revisiones de último momento.
Aparte de los dos nuevos cargos, se produciría un enroque entre un funcionario de la Fiscalía de Estado que emigraría al tribunal y sería suplantado por uno de sus actuales integrantes.


El binomio de los casilleros debutantes estaría compuesto con criterio de género: un alto funcionario del Gobierno y una joven abogada residente en Las Chacras.
También sería reemplazado el Procurador, Enrique Lilljedhal, por un joven abogado del peronismo con experiencia en la función pública.
La nueva composición de la Corte es lo único que le queda por destapar al gobernador Raúl Jalil de la arremetida por la reforma judicial que inició en la Cámara de Diputados, con polémica, hace un mes. Se abrió allí lo que podría llamarse una “grieta judicial” que le dio nuevos bríos a la contienda política, en el marco de la cual la reforma de la Constitución asoma como instancia superadora.
Ayer, todos los partidos integrantes del FCS-Cambiemos plantearon la inconstitucionalidad de la derogación del Consejo de la Magistratura como mecanismo para confeccionar las ternas de postulantes de las que el Gobernador selecciona un nombre para proponer al Senado.
En ese tiempo, Jalil profundizó su avance con la conformación de una Comisión Evaluadora que cumplirá el mismo rol que el derogado Consejo, aunque sin la participación de los legisladores. Este nuevo instituto cuenta con el aval del rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Flavio Fama, ex candidato a la Intendencia de la Capital de Juntos por el Cambio.


En declaraciones a El Ancasti, Jalil confirmó que la Comisión Evaluadora se prepara para el proceso de cobertura de los primeros puestos vacantes en la Justicia y le anticipó una labor intensa en el futuro próximo: el mandatario calcula que hay unos cuarenta funcionarios judiciales que precisan acuerdo del Senado en condiciones de jubilarse.
La renovación en los niveles superiores de la Justicia será de este modo muy importante. La puesta en marcha del proceso genera expectativas entre los judiciales con título de abogado, que ven en él una oportunidad de ascender en sus carreras sin tanta necesidad de contar con palancas políticas.

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