CARA Y CRUZ

La reforma en el horizonte

El Gobierno asignó a la Comisión Evaluadora que reemplazará al derogado Consejo de la Magistratura...
sábado, 1 de agosto de 2020 · 01:10

El Gobierno asignó a la Comisión Evaluadora que reemplazará al derogado Consejo de la Magistratura en el procedimiento para designación de funcionarios del Poder Judicial una tarea adicional, específicamente establecida en el artículo 14 del decreto-acuerdo publicado ayer en el Boletín Oficial: “trabajar en la reforma de la Constitución provincial”.
El instrumento remarca el carácter “transitorio” del organismo, postulado como una “autolimitación” que el Gobernador establece a sus facultades constitucionales, para “tener una participación más reducida y equilibrada en la evaluación de quienes aspiren a cubrir vacantes en el Poder Judicial, asegurando la transparencia que exige el sistema republicano de gobierno”. 
La meta final sería la enmienda y así se asienta en los fundamentos: “Es un deber del Estado promover el fortalecimiento del sistema republicano y el incremento de la calidad institucional. En tal sentido este Poder Ejecutivo reafirma su convicción de que para ello resulta vital dar curso a la reforma de la Constitución Provincial”.


Aunque no falten en el mundillo político quienes suponen que el impulso reformista es una maniobra de distracción, la controversia por el ultraexpeditivo trámite que el oficialismo dio en la Legislatura a la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación del número de miembros de la Corte parece haber abierto un tablado propicio para el acuerdo.
El senador nacional Oscar Castillo, que controla la UCR, principal partido de oposición, y la mayoría parlamentaria calificada necesaria para declarar la necesidad de la reforma, cuestionó más que nada los modales adoptados por el Gobierno. 
Si bien consideró que anular el Consejo de la Magistratura es un retroceso en términos de calidad institucional, el acento de su análisis estuvo puesto en los perjuicios que la “atropellada” provocó en la confianza indispensable para llevar adelante un diálogo sano entre oficialismo y oposición y propuso avanzar en la elaboración de un “núcleo de coincidencias básicas” a la manera del que pactaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín en el Pacto de Olivos para la reforma del ’94. 
Ese mismo día, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, había presentado un proyecto de reforma con cuyos principales puntos el senador coincidió. 
El Gobierno aceptó la idea del “núcleo de coincidencias básicas”, mientras le metía pata a la conformación de la Comisión Evaluadora. El decreto-acuerdo que la crea enfatiza la participación en ella de “un sector indebidamente relegado, esto es, el ámbito jurídico académico de la provincia, con indiscutible pertinencia e incumbencia técnica para asumir la responsabilidad de selección”. 
La UNCA, comandada por el excandidato a Intendente de la Capital por el FCS-Cambiemos, Flavio Fama, tendrá el rol central en el nuevo organismo. 
El jurado para los concursos estará compuesto por “tres personas titulares y tres suplentes pertenecientes al sistema universitario nacional, designadas por la Comisión Evaluadora a propuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca”.


El protagonismo académico se complementa con la exclusión de los otros dos poderes del Estado. La del Legislativo se considera cubierta con el acuerdo que presta el Senado a la propuesta del Gobierno. 
“De igual modo se juzga aconsejable la no participación de quienes integran la Corte de Justicia en su calidad de tales, atendiendo a la división de poderes y a las funciones y facultades que esta ostenta respecto a la actuación de los magistrados y magistradas, teniendo la atribución y deber de promover su enjuiciamiento”, argumenta el Gobierno.
Publicado el decreto, la oposición lo impugnará judicialmente. La reforma se recorta en el horizonte como la instancia superadora a una disputa que podría eternizarse en los tribunales.n

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