CARA Y CRUZ

Defecciones institucionales

miércoles, 29 de julio de 2020 · 01:08

El Mirador Político “Guerra declarada en la transición”, del 10 de noviembre del año pasado, advertía que establecer vínculos razonables entre la Municipalidad de la Capital y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales dependía “en gran medida de la voluntad que los vecinos tengan para soportar las eventuales incomodidades de la disputa, como podría ser que el personaje (Walter Arévalo) decida convertir la ciudad en un muladar, como ya ha hecho en otras oportunidades. Si (Gustavo) Saadi tiene que abonar costos políticos por enfrentar a Arévalo, su margen de maniobra se reducirá significativamente. El resultado no será otro que arraigar la precaria situación de los capitalinos en la condición de prisioneros de un diseño sindical violento y mafioso”. 


La gestión Saadi se inició en medio de un paro por tiempo indeterminado. Un mes antes de la asunción, el SOEM había detonado un conflicto, que incluyó una violenta movilización al Concejo Deliberante, para tratar de marcarle la cancha y condicionarlo desde el huevo.
Aunque Saadi consiguió en aquel momento sortear el desafío, los incidentes en el área de Higiene Urbana indican que queda aún bastante por hacer para lograr encausar las relaciones con el sindicato en términos sensatos. Detrás del estallido de los becados está Arévalo, al que parece entrarle síndrome de abstinencia cuando siente que pierde protagonismo.
La bandera de la controversia es la situación de los trabajadores precarizados, que en la Capital superan los 4.000. La administración Saadi aclaró desde un principio que le resultaba imposible regularizarlos a todos y se comprometió a avanzar en tal sentido de modo gradual. La crisis económica profundizada por la peste ralentiza obviamente este proceso: si los recursos de la comuna eran insuficientes para dar respuestas en diciembre, mucho más lo son ahora, con el desplome de los ingresos debido a la recesión, que obliga además a redoblar la asistencia social a sectores sociales que están a la intemperie.


La multiplicación de precarizados además, es pertinente recordarlo, es producto de una política de asistencia social, no laboral. El Municipio, en la gestión del actual gobernador Raúl Jalil, suplantó los subsidios por las becas.
Enardecer a los precarizados en esta coyuntura es una irresponsabilidad. De Arévalo no puede esperarse otra cosa, pero sí del esquema institucional capitalino y provincial. 
Si la administración Saadi precisa del respaldo y la tolerancia de los vecinos para encarrilar la disputa, como marcaba el Mirador hace ocho meses, también requiere de una actitud más comprometida por parte de los miembros del Concejo Deliberante. 
Ninguno pierde oportunidad de promocionar por todos los canales a su alcance los trabajos y obras que el municipio hace en sus circuitos, así sea la inauguración de un grifo, ni de fotografiarse a todo diente con el lord mayor y los funcionarios. 
A los efectos de que continúe esta dinámica tan beneficiosa para ellos en el aspecto proselitista, tal vez les convendría asumir un rol más activo en momentos difíciles y de tensión como éste, aunque sea con alguna declaración del cuerpo.


Igual conducta podrían tomar los legisladores provinciales, que se apresuran a presentar proyectos para expresar su beneplácito hasta por el festival de la breva, pero no se dan por enterados de chantajes como el de tratar de impedir la salida de los camiones recolectores de residuos, amontonados los piqueteros como perejil en maceta en plena cuarentena.
La situación de los precarizados amerita un abordaje serio y mesurado, adecuado al contexto que se atraviesa. No parece lo más atinado precipitar reventones violentos para presionar por disposiciones imposibles de tomar sin quebrar las arcas municipales.
No marcarlos y denunciarlos es una defección institucional.n

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