CARA Y CRUZ

Livent reticente

martes, 28 de julio de 2020 · 01:14

En un artículo publicado el 13 de julio, titulado con la pregunta “¿El litio puede ser el próximo petróleo?”, el diario La Nación advirtió sobre la necesidad de que la industrialización del estratégico mineral se haga en el país para que sus reservas sirvan a un desarrollo genuino. 
El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que "dado el carácter de capital intensivo de los procesos mineros no se puede esperar un gran impacto en materia de empleo" de la extracción de litio. 
Quedarse en lo meramente extractivo significa una condena al atraso. “Si una tonelada de carbonato de litio ronda los U$S 6.000, una batería de auto llega a los US$30.000”, compara la nota.  

El vertiginoso ritmo de la expansión del negocio demanda reacciones urgentes del Estado: “Con la reconversión de la industria automotriz, las ventas mundiales (de litio) alcanzarían los US$7.700 millones en 2022. Mientras la encrucijada ambiental sigue abierta, asoma una certeza: el camino es la industrialización”. 
“El oro blanco –señala el matutino- es el eje de una tensión creciente. ‘Argentina tiene potencial para convertirse en el principal productor mundial’, planteó un informe que el año pasado presentaron el Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo”. 
Sin embargo, “sin controles económicos, ambientales o sociales sólidos, las multinacionales se lo llevan con altísimas tasas de beneficio. Los Estados sólo cobran regalías, cánones e impuestos; los dueños de los terrenos, tasas que a veces comparten con las poblaciones originarias”.
 “Con Bolivia y Chile, Argentina forma el Triángulo del Litio: el 80% de las reservas mundiales –señala La Nación-. Antes de que lo corrieran del poder, Evo Morales creó Yacimientos de Litio Bolivianos, que buscaba cubrir toda la cadena productiva, del salar a la batería. Chile fija rentas por exportación del 40% y parte del agregado de valor debe hacerse in situ. Acá ni siquiera se declaró recurso estratégico”.

Si bien al análisis es global, la nota parece escrita específicamente para Catamarca, pionera litífera en el país con la extracción desde mediados de la década del ‘90 en el antofagasteño Salar del Hombre Muerto, en un emprendimiento heredado por la multinacional Livent.
Esta ventaja en la experiencia no le ha servido para obtener mayores réditos de la actividad. La posibilidad de industrializar el mineral en territorio de la provincia se menea tímidamente cada tanto, pero el eje del discurso pasa por los supuestos beneficios que devienen de la sola extracción y los no menos presuntos puestos de trabajo que generaría. Esto, mientras la firma abona miserias en concepto de canon de agua e incumple compromisos asumidos con la gestión de Lucía Corpacci.
Aprovechándose de los vínculos que tiene con operadores del Gobierno en el terreno de la minería, demora el pago de una suma significativa que había prometido abonar durante la administración anterior.

Esta sinuosa conducta de la Livent es típica y responde al modelo planteado en el artículo de La Nación: ““sin controles económicos, ambientales o sociales sólidos, las multinacionales se lo llevan (al litio) con altísimas tasas de beneficio”.
 La pasividad estatal frente a esta situación induce a pensar que los interlocutores seleccionados por el Gobierno no son los más adecuados, sea por impericia o porque tienen relaciones demasiado estrechas con los privados.
La cuestión es que, independientemente de la deuda específica que Livent se resiste a abonar, es imperioso un cambio en las reglas de juego que la firma parece haber naturalizado, bajo las cuales el Estado catamarqueño, propietario de las reservas de litio, ocupa un rol mendicante en lugar de hacer valer sus derechos.n

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