CARA Y CRUZ

El blanco equivocado

lunes, 13 de julio de 2020 · 01:05

El rechazo de los vecinos del country Ayres del Pilar a que el empresario Lázaro Báez transite en la casa que tiene allí su prisión domiciliaria es un buen ejemplo de los perjuicios que la grieta provoca en la capacidad de razonamiento. 

El repudio se manifestó en la ya tradicional modalidad de cacerolazo, asociada por el extremo “nacional y popular” de la fractura a la paquetería oligárquica. 

No deja de ser irónico que el “nacional y popular” Lázaro haya seleccionado geografía tan exclusiva como residencia, pero más curiosas resultan las contradicciones del vecindario que lo detracta, identificado con sectores que impugnan al kirchnerismo desde la defensa de los principios republicanos.  

Entre tales principios se cuenta, por ejemplo, el de inocencia. Establece que toda persona es inocente hasta que un proceso judicial demuestre lo contrario, por mucho que a uno pueda parecerle que es culpable, e incluso si las apariencias de culpabilidad son tan ostensibles como en este caso de Lázaro, quien está en prisión preventiva hace cuatro años en el marco de una causa por lavado de dinero sin que la Justicia se haya expedido acerca de sus responsabilidades. 

O sea: desde la perspectiva republicana, Lázaro es inocente y está preso, aunque semejante transgresión no haya precipitado cacerolazos.

También garantizan las instituciones republicanas, Justicia entre ellas, la propiedad privada, cosa que gente como los caceroleros antilazaristas de Ayres del Pilar se encargó de enfatizar en las manifestaciones por la eventual expropiación de Vicentin, prolegómeno según ellos de un comunismo incompatible con los preceptos democráticos. 

Sin embargo, los republicanos vecinos del country le niegan a Lázaro, inocente hasta que se demuestre lo contrario, el derecho al usufructo de un inmueble que forma parte de su propiedad privada… hasta que no se demuestre que es mal habida.

Para salvar estas discordancias entre los principios a lo que dicen adherir y sus conductas, los vecinos de Ayres del Pilar tendrían que cambiar el blanco de sus cacerolazos y dirigirlos al Poder Judicial que se abstiene de emitir sentencia definitiva sobre Lázaro. 
Esto podrá ser más incómodo, requerir esfuerzos intelectuales mayores que la mera catarsis de animadversiones facciosas y antipatías personales, pero contribuiría a una discusión más seria sobre la institucionalidad argentina y centraría el foco en una Justicia de procederes tan sinuosos como arbitrarios.

Báez es un emblema de la corrupción y cualquiera tiene derecho a detestarlo en su fuero íntimo. Esto no se traduce en el derecho a privarlo de sus derechos, mucho menos si no hay sentencia. Nadie obliga a los vecinos de Ayres del Pilar a organizarle fiestas de recepción, ni a tomar café con él.

El mismo sistema judicial que lo mantiene preso hace cuatro años sin condenarlo ni absolverlo es el que le habilita ahora la prisión domiciliaria. A ninguno de los caceroleros se le habrá ocurrido organizar manifestaciones para que se acelerara el proceso en su contra, seguramente porque el presidio se ajustaba a sus impresiones.

La falla es de una Justicia que no solo se eterniza en trámites y recursos durante años sin emitir sentencia en los casos de corrupción, sino que acomoda sus dictámenes a los vaivenes de la disputa política. Jauría contra los kirchneristas durante el macrismo, se precipita sobre los macristas ahora que el kirchnerismo recuperó la manija.

Entre golpe y golpe a la Essen, los caroleros podrían preguntarse qué es peor: un sospechoso perpetuo o una Justicia acomodaticia, corporativa, arbitraria, tal vez corrupta. 

También integra el corpus de los principios republicanos el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. n

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