cara y cruz

Lastres burocráticos

sábado, 11 de julio de 2020 · 01:14

Aparte de confirmar la necesidad de una depuración, la gran cantidad de pedimentos mineros en situación irregular que hay en Catamarca marca deficiencias en los procedimientos administrativos y judiciales. Evidentes rémoras para una actividad que los sectores políticos catamarqueños de mayor gravitación postulan como “política de Estado” y base indispensable para financiar un desarrollo provincial y regional autónomo, es por lo menos curioso que persistan, mucho más cuando se considera la evolución de tecnologías informáticas que permitirían hacer un seguimiento minucioso de las concesiones y el grado de cumplimiento de las obligaciones que corresponden a los concesionarios.

Como informó El Ancasti, de 2.284 yacimientos concesionados en Catamarca, 1.015 jamás pagaron canon minero alguno, lo que representa el 44,4% del total. Además, sobre otros 298 yacimientos no hay datos. En 2018, la Secretaría de Minería informó sobre esta situación al Juzgado de Minas "para su conocimiento y efecto", sin que tal informe provocara movimiento alguno en procura de la regularización.
El Código de Minería de la Nación establece que "en cualquier caso de caducidad, la mina volverá al dominio originario del Estado y será inscrita como vacante". Por cada yacimiento corresponde el pago de un canon y el incumplimiento de ese pago determina la caducidad del pedimento o la concesión. También son causales de caducidad la falta de inversión o de la mensura. La caducidad debe ser notificada al concesionario, quien tendrá un plazo de 45 días para rescatarla, abonando el canon adeudado más un recargo del 20%.
Con este marco legal, el Juzgado de Minas debería haber iniciado las gestiones tendientes a devolver las concesiones en mora al patrimonio estatal o a que los concesionarios remisos pagaran los cánones adeudados. 

En la práctica, lo que ocurre es que se considera a los yacimientos en mora caducos "de hecho", pero recién se dicta la caducidad “de derecho” cuando aparece un interesado en apoderarse de ellos. Esto favorece obviamente la especulación, pues quien tiene la concesión puede negociar que el interesado se haga cargo de las deudas pendientes, o hacerse cargo él mismo si el volumen del negocio lo amerita.
El asunto es que el Estado provincial está afuera de ese circuito de tratativas entre concesionarios morosos, eventuales especuladores e interesados serios, porque el Código de Procedimientos Mineros local otorga al Juzgado de Minas la potestad de entregar los pedimentos y, por consiguiente, la de derogarlos.
El informe que Minería elevó al Juzgado en 2018 tendía a que se declarara judicialmente la vacancia de los pedimentos irregulares y su retorno al patrimonio estatal. O sea, hubo un impulso político para recuperar los yacimientos que se frustró debido a que no se dictó la caducidad “de derecho”. 

Una traba de orden burocrático lastra la política minera. 
Lo  ideal para agilizar gestiones y restringir margen a maniobras especulativas sería que el Estado provincial administre directamente los pedimentos y la Justicia intervenga en caso de conflicto. De este modo se eliminaría un eslabón innecesario en la cadena y se podría avanzar más rápidamente en la elaboración de un catastro minero, a partir del cual el Estado estaría en condiciones de proceder rápidamente para intimar a los morosos y, llegado el caso, recuperar lo concesionado. 
Con los instrumentos informáticos disponibles, es absurdo no hacerlo.
Por lo pronto, se espera la reforma del Código Minero que incluiría este tema.n

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