jueves 28 de marzo de 2024
Cara y Cruz

Transferencia de un clavo

Al Gobierno le convendría determinar a qué obedece la pacífica actitud asumida por los empresarios...

Por Redacción El Ancasti

Al Gobierno le convendría determinar a qué obedece la pacífica actitud asumida por los empresarios del transporte ante la eventual creación de la empresa Transporte Urbano e Interurbano de Catamarca SAPEM, en la cual pasarían a ser socios del Estado. Podría deberse al alivio por el inmenso clavo que le transferirían al Gobierno de prosperar la iniciativa que promovió la directora de Transporte de la Provincia, Andrea Álvarez, materializada en un proyecto de ley por la diputada Mónica Zalazar.
La SAPEM de transporte tiene ya el aval de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), manifestada por los jefes de la organización sindical al ministro de Infraestructura y Obras Civiles Eduardo Niérderle. La envergadura de esta hazaña oficial es más bien módica. En la UTA están chochos de la vida con la perspectiva de incorporarse al régimen laboral de la administración pública y se relamen por las posibilidades que se les abrirán para posicionarse en las internas con los otros sindicatos, dado su mayor poder de fuego para el chantaje. Como no cualquiera tiene la facultad de paralizar el transporte de la provincia, los jerarcas de la rama sueñan con adquirir, cuando el Estado se asocie en la prestación del servicio, la estatura del camionero Hugo Moyano o el líder del SOEM Capital, Walter Arévalo, que supo sacarle el jugo a la posibilidad de parar la recolección de residuos, tomar a los vecinos capitalinos de rehenes y convertir San Fernando del Valle en un muladar. 
Su patronal pasará a ser el Gobierno, sobre el cual, a diferencia de lo que ocurre con los empresarios, podrán presionar con los costos políticos de dejar sin servicio a los miles de usuarios del transporte público, estudiantes incluidos.
Para los empresarios, un sueño hecho realidad. Asociados con el Estado dejarán de renegar con cálculos de costos y beneficios y de perder tiempo en reclamar la liquidación de subsidios. Podrán delegar estos incordios en el Estado, que deberá hacerse cargo para evitar que la UTA se le venga al cogote junto a los usuarios y la erosión política consecuente. Hermosos escenarios para obtener provecho en tiempos preelectorales, sobre todo.


La intervención del empresariado en un asunto que les concierne directamente, y que en más de un punto podría asimilarse una expropiación, se ha circunscripto a marcar que el subsidio que reciben debería duplicarse. Ninguno objetó la propuesta en sí, pese a que sus fundamentos conllevan una crítica al desempeño empresarial.
En la médula, la avanzada hacia la SAPEM se justifica en las contribuciones estatales a las firmas privadas vía subsidios. Sin embargo, estas contribuciones no son aportes de capital, sino compensaciones para que mantengan el precio del boleto en niveles accesibles, y acá con un elemento adicional: el boleto estudiantil gratuito.
Que el empresariado no corcovee para retener el negocio es muy indicativo. Pasarían a ser, como los afiliados a la UTA, empleados jerarquizados del Estado provincial, con ingresos garantizados independientemente de la rentabilidad del negocio del transporte. Una verdadera ganga: los blancos de la repulsa de los usuarios serían a partir de la SAPEM de transporte el Estado y sus circunstanciales administradores, no ellos.
La pregunta es que qué sentido tiene que el Gobierno abra tamaño frente de conflictos potenciales al erigirse al mismo tiempo en patronal de un sindicato con inmenso poder de fuego –como si no le fuera suficiente con los docentes, por ejemplo- y en responsable primario de la prestación de un servicio que continuará requiriendo millonarias inversiones para mantener el precio del boleto a la baja.
La demagogia de algunos tiene estas cosas. Promueve bailes de que después habrá que bailar a como dé lugar, ya con empresarios devenidos en agentes de la administración pública. Como son, por caso, las autoridades de la SAPEM Producat, que cobran mucho más que los empleados a pesar de haber cristalizado el déficit. 

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