Editorial

Siempre es violencia

Luego de un silencio llamativamente prolongado, el Gobierno nacional le reclamó formalmente...
sábado, 6 de junio de 2020 · 01:09

Luego de un silencio llamativamente prolongado, el Gobierno nacional le reclamó formalmente a tres gobernadores justicialistas, Juan Manzur, de Tucumán; Jorge Capitanich, de Chaco; y Alberto Rodríguez Saá, de San Luis, por gravísimos hechos de violencia institucional ocurridos en esas provincias.
Da la impresión, en realidad, que la reacción oficial se debió más a la trascendencia pública de los casos y a las críticas de la oposición por la pasividad, que a una voluntad política genuina para condenar la barbarie de este accionar violento y criminal de efectivos policiales.
El mutismo inicial del Gobierno nacional por el crimen del jornalero Luis Espinoza y por la aparición sin vida en dos comisarías de San Luis de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello mereció la crítica de varios sectores políticos opositores, entre ellos el del ala dura del PRO. Paradójico: Patricia Bullrich criticó “por izquierda” al Frente de Todos, y hasta lamentó los ataques contra representantes de pueblos originarios. La exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, que se fue del gobierno con fuertes cuestionamientos por su defensa de efectivos de fuerzas de seguridad acusados de violencia institucional y hasta de homicidios, se dio el lujo de ser la voz cantante de los cuestionamientos a la brutalidad policial ejercida en tres provincias gobernadas por el peronismo.
Por la salvaje represión policial a la comunidad qom, las autoridades nacionales tuvieron más reflejos.
El cadáver de Espinoza apareció en una quebrada ubicada en el departamento Andalgalá, casi en el límite con Tucumán, el 22 de mayo. Se trató de un hecho que recuerda a los peores crímenes de la dictadura militar, con desaparición del cuerpo incluida. Recién esta semana, más de diez días después, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se pronunció públicamente condenando el hecho. Por el caso hay once detenidos, nueve de ellos policías. 
Seguidamente, como reacción a las críticas opositoras, se fueron sumando repudios oficiales a través de redes sociales o en entrevistas periodísticas. Así, el propio Alberto Fernández tuiteó sobre la represión en Chaco: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.
De las muertes en las comisarías de San Luis casi no hay registros de pronunciamientos del oficialismo.
Es costumbre arraigada en la política criolla ser denunciadores precoces y bulliciosos cuando las tropelías son perpetradas por el rival político, pero lentos de reflejos cuando se cometen en jurisdicciones propias. La violencia institucional siempre es violencia y debe ser condenada más allá del signo político del que gobierna la provincia donde se comete.n

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