EDITORIAL

Condena telefónica

sábado, 27 de junio de 2020 · 01:03

No debe haber muchos antecedentes en la historia judicial: el condenado se enteró de la sentencia del tribunal por teléfono, desde la cárcel donde se encuentra detenido. El hecho ocurrió en Catamarca y el veredicto se dio a conocer el jueves. Se trata del juicio por el caso denominado Reyerta del barrio Virgen Niña, en el que fue asesinado Luis Américo Garribia. Claudio Mauricio Olivera fue condenado a 12 años de prisión y el veredicto lo escuchó a través de un teléfono por las fallas en la conexión de internet del Servicio Penitenciario. Peor hubiese sido que le mandasen un mensaje de texto.

A raíz de la pandemia actualmente en curso, rige una disposición que establece que, a los fines de evitar traslados, los internos de la Penitenciaría deben seguir los juicios de manera remota, a través de videoconferencias. La virtualidad, a la que se ha recurrido sistemáticamente en estos meses en todos los ámbitos de la vida con bastante eficacia, no funcionó bien en esta oportunidad, precisamente en una cuestión tan delicada como es un debate en el que se determina la inocencia o culpabilidad de una persona.
Ya el primer día del juicio hubo un inconveniente similar, que hasta podría ser cómico si no fuera por el contexto, porque por fallas en el sistema de sonido de la Cámara Penal la declaración de Olivera era prácticamente inaudible para el tribunal y las partes intervinientes. Aquella primera jornada el Wi-fi funcionaba bien, mas no así el audio.

Se sabe que uno de los déficits del Poder Judicial se vincula con la falta de modernización de sus estructuras. Por ejemplo, la informatización y la digitalización de expedientes, que supondría una fuerte inversión inicial pero un ahorro de recursos en el mediano y largo plazo. Implicaría, además de una desburocratización y consecuente agilización de los trámites, una liberación de espacio físico que resulta imprescindible. Hay un proyecto sobre este tema que están motorizando el senador Maximiliano Brumec y el Colegio de Abogados de la provincia, pero su implementación requerirá tiempo y requerirá del aporte del área de la Secretaría de Modernización de la provincia.

Volviendo a las fallas técnicas detectadas durante el debate por el crimen de Luis Garribia, se discute si obedecen a las carencias presupuestarias en la Justicia y el Servicio Penitenciario, que depende del Ejecutivo provincial, o de actitudes negligentes de los responsables de ambas áreas. Es cierto que las restricciones en el presupuesto son evidentes, pero también lo es que mantener una sala con eficiente conectividad en la cárcel y un equipo de sonido de buena calidad en la sala donde se ventilan los juicios de causas penales no es tan costoso. En la actualidad está al alcance de una familia de ingresos medios, de modo que no puede el Estado argumentar seriamente, para justificar lo sucedido, que carece de recursos que garanticen la normal prestación del servicio de Justicia.
 

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