EDITORIAL

Cadena de escándalos

domingo, 21 de junio de 2020 · 01:05

La anulación de un procedimiento realizado en 2016 por la División Drogas Peligrosas plagado de irregularidades, lo que derivó en la absolución en juicio de dos imputados el viernes pasado en la cámara federal, suma un eslabón más, como bien se ha señalado abundantemente en este diario, a la cadena de escándalos que tiene como protagonistas a personal policial que no sabe, o no quiere –lo que es más grave que la ignorancia-, cumplir adecuadamente las funciones para las que ha sido asignado como auxiliar de la Justicia.

El último hecho ha servido, además, para avivar internas de la Justicia Federal que no hacen sino sumar desprestigio a un poder salpicado de sospechas e involucrado en investigaciones cuyas derivaciones aún están por verse.

Las evidentes irregularidades señaladas minuciosamente por el fiscal de cámara Rafael Vehils Ruiz, que aprovechó la ocasión para fustigar a su rival interno, el fiscal Santos Reynoso, no son errores aislados: a la luz de la recurrencia de casos similares, puede advertirse que constituyen prácticas habituales. Son arbitrariedades que reniegan de las formalidades de la ley, que han sido establecidas no caprichosamente, sino para garantizar procedimientos transparentes que no provoquen condenas a inocentes o la impunidad de los culpables.

Solo el año pasado se produjeron en el ámbito de la Justicia Federal cuatro anulaciones de operativos mal realizados en investigaciones vinculadas a causas por narcotráfico, tres de ellas durante la etapa de instrucción y la restante también, como la de viernes, durante un juicio.

Cabe preguntarse, a esta altura, si se trata de errores, frutos de un déficit de formación de los efectivos policiales, o procedimientos arbitrarios, que desdeñan la legalidad de manera consciente. La otra pregunta es hasta dónde llega la responsabilidad de la Policía y empieza la de los funcionarios judiciales que convalidan las irregularidades.

Lo difícil es desterrar de la fuerza policial las prácticas arbitrarias cometidas y convalidadas de una manera intencional.

Los errores o arbitrariedades no son menores. En algunos casos son allanamientos mal realizados, pero también hay sospechas sobre pruebas plantadas, lo cual constituye, obviamente, un delito en sí mismo.

La anulación de las causas favorece la impunidad. En la mayoría de los casos los imputados terminan absueltos por el beneficio de la duda, no porque puedan acreditar inocencia. Y el delito queda impune: la droga está, pero no los culpables.

No sería justo suponer que solo los efectivos que intervienen en causas por drogan incurren estas irregularidades. En otras áreas de investigación de delitos se advierte, del mismo modo, que hay problemas graves de formación de los efectivos que derivan en el desconocimiento de las normas vigentes. Estas falencias, sin embargo, son más fáciles de subsanar, propiciando una mayor y mejor capacitación. Lo difícil es desterrar de la fuerza las prácticas arbitrarias cometidas y convalidadas de una manera intencional. En esos casos, la única opción es castigar con dureza a los que delinquen con uniforme.

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