CARA Y CRUZ

Padrón sucio

martes, 2 de junio de 2020 · 01:10

Que por casi la mitad de las concesiones mineras otorgadas por la Provincia los concesionarios no hayan pagado jamás un canon marca la distancia que media entre la realidad y el discurso oficial que postula a la minería como “política de Estado”. 
Estos pedimentos han caducado de hecho, pero desde el punto de vista jurídico siguen vigentes porque el Juzgado de Minas recién dicta la caducidad cuando aparece algún interesado serio en adquirirlos. 
Este detalle procedimental torna ostensible la abulia del Estado, que cuenta desde 2012 con un instrumento idóneo para intervenir en el negocio minero: Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). 
La firma podría incrementar su capital tratando de obtener las concesiones caídas. En el peor de los casos, el Gobierno podría proceder para que los concesionarios en mora se pongan al día si pretenden retener los derechos.


Un cambio de manos. En lugar de que especulen los concesionarios a la espera de que los contacte algún interesado, que sea la empresa creada por Estado la que se siente sobre los yacimientos mientras llega el momento propicio para desprenderse de ellos, con una ventaja adicional que supo aprovechar muy bien YMAD con Bajo La Alumbrera: la posibilidad de asociarse con los inversores privados y obtener utilidades por la explotación además de las regalías.
Es extraño, porque fue precisamente lo que CAMYEN hizo luego de intervenir SOMICA DEM para hacerse de la explotación de rodocrosita en Minas Capillitas. También litigó en sede judicial y se quedó con Cerro Atajo tras un acuerdo con la firma que controla Minera Agua Rica.
Si el impulso a sumar más pedimentos obedeció a una decisión política o mera inoperancia, no se sabe. Lo cierto es que casi la mitad de las concesiones mineras otorgadas a privados están flojas de papeles, a tiro de reclamo.


Entre los potenciales yacimientos disponibles, más de mil de acuerdo al padrón, hay muchos de litio, el negocio del momento. A Catamarca le convendría intervenir en él como socia, ya que sus utilidades son mucho menores a las fortunas que arrojó Bajo La Alumbrera.
Según el Código de Procedimientos de Minería, toda persona física o jurídica puede solicitar un permiso de exploración y ser propietaria de una mina. 
Para ser concesionario, debe obtenerse una sentencia del Juzgado de Minas provincial. 
Cada concesionario tiene un plazo determinado en esa sentencia en el que deberá cumplir con la presentación de distintos informes, invertir y dar cuenta del progreso de la actividad. 
El Ministerio de Minería debe fiscalizar y elevar la información al Juzgado. Son causales de caducidad, además de no pagar el canon, la falta de inversión y de mensura.


Los concesionarios consignan que los incumplimientos obedecen a defectos del Código de Minería, que establece plazos y condiciones imposibles de cumplir. 
El argumento puede ser razonable, pero la cuestión es que no se lo planteó nunca hasta el informe que El Ancasti publicó ayer sobre el padrón minero. En cualquier caso, otro indicador de que lo de la minería “política de Estado” es relato al que la realidad todavía debe adecuarse .
En retrospectiva, después de Bajo La Alumbrera, el primer mega-emprendimiento minero de Latinoamérica, el Estado catamarqueño no pudo poner en marcha ningún proyecto importante. Fue en 1997, hace casi un cuarto de siglo. De pionera en minería, Catamarca quedó a la zaga de otras provincias como San Juan o Santa Cruz. 
Un fracaso estrepitoso que se concatena con el provocado por despilfarro de la renta del sector y el retroceso de la licencia social que legitimaba la actividad en sus albores.
Quizás detalles como éste del padrón sucio hayan contribuido a tan decepcionante derrotero.

Otras Noticias