jueves 28 de marzo de 2024
CARA Y CRUZ

Un procedimiento

Por Redacción El Ancasti

El Gobierno enviará a la Legislatura esta semana el proyecto de ley de la reforma laboral. Podrían introducírsele ajustes de última hora, pero en el borrador no hay variaciones significativas respecto de lo que se ha venido informando. Consiste básicamente en declarar la necesidad de la reforma funcional y administrativa del Estado y establecer el procedimiento para “diseñar e implementar un Plan Integral de Modernización del Estado”, que sería monitoreado por una comisión integrada por representantes de los tres poderes.

Sobre la movilidad laboral, lo que más alarma genera en la administración pública debido a la posibilidad de traslados compulsivos, la iniciativa se limita a consignar que la transferencia de un empleado a otra jurisdicción implicará la supresión del cargo y la partida presupuestaria en el organismo de origen y su creación en el de destino. Específicamente asienta que el movimiento debe contar con el consentimiento del agente afectado.

La propuesta incluye el régimen de licencia prejubilatoria, al cual cualquier agente podrá acogerse, si quiere, 48 meses antes de la edad del retiro. Cobraría el 70% de sus emolumentos si lo hace dos años antes, o el 60% en caso de optar por los cuatro años. Una vez que la ANSES lo notifique del beneficio jubilatorio, tiene la obligación de presentar la renuncia.

Se congelarían designaciones durante tres años y se procuraría un sistema único de ingresos a la planta estatal, en cualquiera de los tres poderes, por concurso, además de un sistema único de contratación de bienes y servicios, también para los tres poderes.
Lo principal para el Gobierno es poner en marcha el proceso, trabado por la resistencia del Frente de Unidad y Solidaridad Intersindical acaudillado por Walter y Ricardo Arévalo, del SOEM Capital y ATE, que el miércoles volverá a movilizarse.  Las objeciones de la Intersindical son de orden general. En la última conferencia de prensa, sus voceros aseguraron que el Gobierno no reflejó sus propuestas en los sucesivos borradores del proyecto, sin especificar en qué consisten estas propuestas. UPCN postula por su parte un Convenio Colectivo de Trabajo.


Para la Intersindical, el Gobierno alega una “urgencia” que no existe y el borrador al que tuvieron acceso "no cumple con los presupuestos mínimos constitucionales para su aprobación, ni mucho menos para su puesta en vigencia".

El Gobierno, por su parte, señala que es preciso avanzar ya en la reformulación del sistema para contar con reglas de juego claras cuando la crisis arda, como indefectiblemente arderá. 

En tal sentido, marca lo anacrónico de regulaciones con más de cuarenta años de antigüedad, como la ley de Obra Pública (1974), el Estatuto del Docente (1976) o el Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial (1977). 
La elevación del proyecto a la Legislatura marcará un quiebre en la dinámica que ha venido desarrollándose hasta ahora.


El ministro de Gobierno, Jorge Moreno, anticipó el endurecimiento de la posición oficial el mismo día que la Intersindical reiteró el rechazo a la reforma, anunció la movilización para el miércoles y advirtió que está dispuesta a ir al paro.

Tras señalar que “quedó claro que la intención del Gobierno es igualar para arriba” y subrayar que los sueldos de los agentes de los organismos centralizados en la Agencia Recaudadora Catamarca "quedaron equiparados a los que mejores cobran en la Provincia", disparó: “Yo creo que están más en una interna sindical, porque no tiene razón de ser ninguno de los reclamos. A cada  convocatoria, a cada consigna de ellos metiendo miedo, la respuesta del Gobierno  será a favor de la gente. Se equivocan si creen que los convocamos porque han hecho una movilización. Nada más alejado de la realidad, estamos todos preocupados  por una situación de extrema gravedad que padece el mundo. Ellos están concentrados en si el Gobierno convoca a ellos, a la CGT o a UPCN. Están con un esquema peligroso”.n

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