lunes 18 de marzo de 2024
MIRADOR POLÍTICO

Jarabe de Pico

Por Redacción El Ancasti

En “La Reforma del Estado: una visión desde la economía política”, publicado en El Ancasti Digital, el licenciado en Economía Marcelo Altamirano morigera la entonación épica que se imprime a los cambios en la administración pública basado en un pertinente aporte a la discusión sobre el federalismo. 

Se pregunta si las provincias argentinas pueden considerarse Estados “cuando solo pueden cobrar algunos impuestos, no pueden emitir moneda, no pueden (o no saben) generar estadísticas propias, no tienen desarrollado un sistema científico tecnológico propio, un altísimo porcentaje del gasto público se explica por el gasto en personal, tres, a lo sumo cuatro, concentran más del 70% del PBI, la coparticipación representa más del 80% de sus ingresos”. 

“En una apretada síntesis, la mayoría de los Estados subnacionales son solo administradores de las políticas públicas del Estado nacional. Eso es un dato y no un juicio de valor: el margen o los grados de libertad para el desarrollo de políticas públicas propias es a todas luces muy pequeño. Tengo la sensación de que la repuesta a la pregunta sobre la condición soberana de las provincias es que no lo son. Aún en el caso de las provincias centrales, no son soberanas o independientes, no son estados, son administraciones provinciales del Estado Nacional”, concluye.

Las apreciaciones de Altamirano son un buen estribo para empinar un debate de fondo ahora que el presidente Alberto Fernández parece retomar la agenda federal que se proponía desarrollar cuando la irrumpió la peste y le cambió las prioridades. Si hay ganas: ya se ha visto acá la mansa actitud de los intendentes frente al presunto agravio a sus autonomías que suponen las reformulaciones de los regímenes de coparticipación municipal y regalías mineras, operadas vía decreto. No se sabe si por resignación o comodidad; sí se sabe que inmediatamente después el Gobierno les garantizó el pago íntegro de los aguinaldos y auxilio para que todos los agentes municipales de la provincia cobren al menos el salario, mínimo, vital y móvil. 
La autonomía puede ser carga indeseable cuando uno tiene que procurarse los recursos para financiarla, y de la romántica exaltación de Felipe Varela a seguirle el ejemplo hay un tranco demasiado extenuante.

Mala suerte

Hombre prevenido, el presidente Fernández no vino a Catamarca. Su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había estado en contacto con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien confesó que le habían diagnosticado coronavirus. Suficiente disuasivo: Catamarca es la única provincia en 0; faltaba cargarse el estigma de jettatore por disparar la peste en el distrito invicto, cosa de lo más probable desde que la valla formoseña cayó tras su paso.

Aunque era improbable que algún miembro del Gobierno fuera a incomodarlo con interrogantes sobre su proyecto para sacar al NOA del destino de postergación -convenios por 11 mil millones de pesos para obras de infraestructura alcanzan para apagar curiosidades protocolares- otros actores menos condicionados podrían haberlo interpelado.
Quedaron de tal modo pendientes, por razones sanitarias, las respuestas a preguntas vinculadas con el programa concreto que tiene para revertir o atenuar las desventajas objetivas de economías regionales como la catamarqueña respecto de la pampa húmeda.

Definiciones del Presidente en tal sentido serían muy significativas. Las promesas de derivaciones presupuestarias hacia la Provincia no difieren demasiado de las realizadas por anteriores inquilinos de la Casa Rosada.
En tal sentido, sería injusto omitir que durante la denostada administración macrista las provincias lograron una previsibilidad financiera inédita, principalmente por la devolución del 15% de la coparticipación que se les retenía para financiar el sistema de seguridad social. 

Este incremento de los depósitos automáticos a las provincias no significó un cambio en las condiciones para su desarrollo.
Tampoco los fueron las inversiones incorporadas al promocionado Plan Belgrano macrista, destinado a reflotar Norte Grande.
En un análisis retrospectivo, se advertirá que los fondos destinados por la Nación para obras para Catamarca y el NOA, en general, siempre han sido importantes, pero esta persistencia no se ha traducido en una modificación de sus minusvalías estructurales en términos de expandir su base económica. La dependencia del sector privado respecto del estatal continúa invariable, a pesar de la inyección extraordinaria de recursos fiscales que se dio en el período 2003-2011 con la renta minera.

Cambio conceptual

Si la intención de Fernández de hacer un país federal es sincera, sería interesante conocer si su programa difiere en algún punto de la perpetua y marketinera política de anunciar, y eventualmente realizar, inversión de recursos nacionales en la provincia y en la región. Ningún catamarqueño, independientemente de su filiación política, es tan desmemoriado como para olvidar los elogios que el Gobierno provincial prodigaba al neoliberal Macri hasta que éste debió ceder la lapicera. La necesidad tiene cara de hereje, se dirá con razón, pero tal argumento en nada contribuye a fomentar un cambio estructural tendiente a que la provincia y las provincias, y las economías regionales, accedan a condiciones para su desarrollo autónomo, al margen del arbitrio de la Casa Rosada.

Esto tiene que ver con la institucionalización de regímenes impositivos y laborales diferenciados, conforme a las características de cada región, y a políticas concretas dirigidas a morigerar los costos de producción derivados de las enormes distancias que hay entre las geografías productivas y los centros de comercialización.
Volviendo a Altamirano, “tres, a lo sumo cuatro provincias, concentran más del 70% del PBI”. Mientras no se procuren sistemas para equilibrar este indicador, el federalismo argentino seguirá siendo jarabe de pico. Por mucho que el presidente Alberto Fernández pregone que gobernará “con los gobernadores”.

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