viernes 29 de marzo de 2024
CARA Y CRUZ

Inquietudes selectivas

Por Redacción El Ancasti

Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Andalgalá rechazó ayer la derogación del régimen de distribución y administración de regalías mineras y advirtió que iniciará “las acciones legales, políticas y de cualquier índole tendientes a impedir su ejecución”, por entender que el Gobierno incurrió en una “conducta prácticamente delictual” al decretarla.
Llama la atención que los ediles tipifiquen penalmente la derogación vía decreto de la ley de regalías y no la de coparticipación municipal, que se realizó con idéntico procedimiento, pero hay elementos que explican la discriminación.
El decreto de derogación de la ley de regalías establece que la Provincia asignará en cada Presupuesto los fondos de tal procedencia a una cuenta especial y determinará los proyectos de inversión o desarrollo productivo a financiarse con ellos. Lo que cambia fundamentalmente es que las partidas mineras no serán asignadas automáticamente al municipio, de modo que, y acá está madre del cordero, las autoridades municipales no podrá disponer de ellas con la misma liberalidad que antes.
Se entiende entonces la monolítica aflicción de los concejales.


Son los mismos que en diciembre, a horas de asumir los recién electos, antes de abocarse cualquier otra urgencia, aprobaron un estratosférico salariazo en beneficio del funcionariato de la comuna y de ellos mismos, y que luego, a raíz del escándalo que se desencadenó, intentaron justificarse con el argumento de que se trataba en realidad de la regularización de una situación preexistente, pues las cifras habilitadas ya se venían cobrando “por debajo de la mesa”.
De dónde provenía la plata para esos emolumentos por fuera de la planilla, nunca se supo y nadie se preocupó por investigarlo.
No obstante, el incidente confirmó lo heterodoxo de los hábitos administrativos en Andalgalá, el distrito que más dinero recibió en concepto de regalías mineras desde que comenzaron a liquidarse.


La preocupación de los concejales no incluye un análisis del despilfarro de esa renta extraordinaria derivada de la minería, que multiplicó exponencialmente los ingresos municipales sin que tal fenómeno, aunque sea justicia reconocer el vertiginoso afianzamiento de algunas prosperidades, se tradujera en progreso para los pobladores rasos.
Por el contrario, Andalgalá se convirtió en paradigma del desatino y la dilapidación en corruptelas y clientelismo, con ardides objetados por el Tribunal de Cuentas e investigados por la Justicia penal.
El ex intendente y ex senador José Perea estuvo enredado en tales cuartas durante años.
Es extraño que los miembros del Concejo Deliberante omitieran faceta tan interesante del asunto al fundar su pronunciamiento, en el que recuerdan que la ley de regalías fue “una reparación histórica de los derechos vulnerados por la Capital y la Gobernación Provincial sobre los municipios del interior en materia minera”, además de “compensación del daño en materia ambiental que cada departamento minero sufre sin tener en cuenta los recursos no renovables de los que se ve privado”.


Tan altruistas y trascendentes vocaciones reivindicativas permanecieron dormidas mientras las propias autoridades municipales vulneraban los derechos que la ley venía supuestamente a reponer.
El problema del Concejo Deliberante andalgalense es la reducción del margen de arbitrariedad para disponer de las regalías.
Sobre la derogación por decreto se expedirá la Legislatura, donde Andalgalá tiene además de su senador, Horacio Gutiérrez, un representante de lujo y con mucho conocimiento en la materia: el ex intendente Alejandro Páez, diputado y presidente de la UCR.
Con semejantes líberos, la Perla del Oeste no tiene de qué preocuparse.

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