CARA Y CRUZ

Reforma imperiosa

lunes, 4 de mayo de 2020 · 01:03

El gobernador Raúl Jalil dará los últimos retoques al proyecto de Emergencia Económica y Financiera con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Cecilia Guerrero y el vicegobernador Rubén Dusso, y los titulares de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos, Ricardo Aredes y Raúl Barot, antes de girarlo a la Legislatura. 

La reunión apunta a mostrar unidad política del oficialismo antes de ingresar a un debate que se anticipa tempestuoso tras el documento que los diputados del FCS-Cambiemos difundieron  antes de la Asamblea Legislativa en la que Jalil anticipó que pediría facultades extraordinarias para administrar los recursos públicos en la crisis sanitario-económica. El tono del pronunciamiento contrastó con la benevolencia que los opositores venían dispensando. Acusaron al mandatario de tener inclinaciones dictatoriales.


Para Jalil es importante exhibir que el oficialismo avala la extensión de sus prerrogativas. En principio, para mermar margen a las insumisiones internas, pero sobre todo por las inquietudes que empiezan a bullir en el universo de los empleados públicos por los efectos que la iniciativa pueda tener sobre sus ingresos y situaciones laborales. Estos malestares podrían servirle a la oposición, muy golpeada por la catástrofe electoral del año pasado, para tratar de reempinarse.

Lo que se aproxima, además, es muy preocupante. Por la pronunciada reducción de los ingresos públicos, ninguna medida puede descartarse.

El Gobierno de Jujuy, por ejemplo, admitió que podría desdoblar el pago de los sueldos superiores a los 30 mil pesos si no tiene éxito en la gestión de créditos y auxilios nacionales para enterar sus cuentas. 

"Tienen que ver con la autorización otorgada por parte de la Legislatura provincial para endeudar a la provincia en la toma de un crédito, lo cual todavía no pudo concretar", señaló el ministro de Hacienda de esa provincia, Carlos Sadir. El empréstito complementaría desembolsos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que maneja el Gobierno nacional.

El desplome de la recaudación abre inmensos interrogantes. Abril se jineteó con la recaudación de marzo, que tuvo 20 días sin cuarentena. En mayo, las cuentas públicas experimentarán el impacto del primer mes completo de economía en coma inducido.
Como se informó en la edición de ayer, en abril los giros a las provincias por coparticipación se desplomaron un 18,9%. El impacto en el consumo y su escaso derrame sobre la recaudación del IVA, junto con la dificultad empresaria de pagar los vencimientos son las explicaciones del derrumbe.

La prioridad para el Gobierno sigue siendo el pago de los sueldos de la administración pública, factor de estabilización política por antonomasia, sobre todo en provincias con alta incidencia del empleo público, como Catamarca. 

Sin embargo, el Estado provincial tampoco puede obviar auxilios al sector privado castigado por el parate si pretende conjurar un descalabro apocalíptico. La quiebra de negocios vinculados a la gastronomía, por caso, eyectaría miles de personas al desempleo y, en consecuencia, a presionar sobre el sector público por trabajo o asistencia.

Es un escenario muy complejo en el que deben conjugarse los derechos de los agentes de la administración pública, cuya integridad se asegura, con los de quienes carecen de este reaseguro laboral.

La peste aceleró los tiempos de un colapso que vino alimentándose durante décadas en que la actividad privada local retrocedió sin que se diseñaran políticas públicas para revertir el fenómeno.

El concepto de reforma del Estado se engloba, dice el Gobierno, políticas tendientes a cambiar la matriz económica provincial. Si no la acuerda la dirigencia, se hará sola, con la desconsideración que suele tener la realidad. n

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