Mirador político

En proceso de inmunización

Con la creación de una secretaría específica para gestionar la llamada reforma del Estado...
domingo, 31 de mayo de 2020 · 01:12

Con la creación de una secretaría específica para gestionar la llamada reforma del Estado, el Gobierno inicia un proceso tendiente a robustecerse, eventualmente blindarse, en los prolegómenos de la carrera hacia las elecciones de medio término. 

La denominación seleccionada es en principio engañosa. 

Los puntos vinculados a la administración de los recursos económicos de la reforma que se propone el gobernador Raúl Jalil ya están girando: cambio de las leyes de coparticipación municipal y regalías mineras, incorporación de entes autárquicos a la órbita de los ministerios afines, unificación de los organismos recaudadores, transformación de CAPRESCA en un instituto de crédito. 

La nueva repartición se monta solo para encausar la discusión sobre el régimen del empleo público, que es lo único que queda pendiente. Es decir: para tratar de consensuar un nuevo sistema de administración de los recursos humanos. 

Ninguna de las otras transformaciones desenfrenó pasiones tan extendidas, pese a su muy concreto carácter y a la profundidad de sus alcances. La oposición se encontró clamando contra ellas en el desierto, aislada hasta de sus intendentes, que en teoría debían sentirse agraviados al menos por la expeditiva derogación los regímenes de coparticipación municipal y de regalías.

La reforma laboral, en cambio, es difusa. Hay que deducirla de las expresiones del gobernador y sus funcionarios, que son antes un diagnóstico que una exposición de la terapia que estiman adecuada para mejorar el desempeño del Estado. 

Los sindicatos entraron en estado de beligerancia ante un ajuste que suponen pero no existe. 

Lo extraño es que se nieguen siquiera a enterarse de qué se trata la meneada reforma laboral y que abdiquen de la posibilidad de gravitar en su elaboración sin más fundamentos que sus sospechas.

Con la vaina

El conflicto docente condensa la dinámica disparada por la posibilidad de revisar el régimen de la administración pública. La Intersindical del sector se retiró del debate para la reforma del Estatuto Docente para pasar a la ofensiva y plantear una paritaria salarial. 

El Gobierno señaló dos asuntos que considera centrales para el reordenamiento: la acumulación de suplencias sobre suplencias en cargos retenidos indefinidamente y sin reconsursar por titulares de licencia eterna y los adicionales por zona desfavorable que han devenido absurdos, como los de Fray Mamerto Esquiú, Banda de Varela o ciudades del interior que de desfavorables no tienen nada desde hace rato. 

No postula la eliminación abrupta, sino la necesidad de avanzar en una reformulación del sistema general que lo expurgue de anacronías. El procedimiento para aplicar tales cambios, que incluye los plazos y contemplar la situación salarial de quienes serían afectados por ellos, es harina de otro costal.

A este diseño del litigio, la Intersindical docente respondió con la deserción y la negativa terminante a cualquier diálogo. La posición fue resumida por el titular de ATECA, Mario Sánchez: “No queremos la reforma del Estatuto, ni ahora, ni nunca”. Un especialista en síntesis, este Sánchez. Sobre el retorno a clases tras la cuarentena, acuñó: “La docencia no está en condiciones psicológicas para retomar”. Capaz que consultó a Gabriel Rolón.

El clima en el ámbito docente empezó a calentarse con habladurías desarrolladas a partir declaraciones oficiales formuladas en tono de propuesta, sin sistematizar. En lugar de pedir una reunión con el ministro de Educación para definiciones más específicas, los sindicalistas hicieron terrorismo y organizaron los “banderazos” y la marcha del viernes, que fue masiva.

Es lógico que el ministro Francisco Gordillo fuera despojado de las facultades para tramitar la reforma del Estatuto. Fracasó al no prever cómo evolucionarían los acontecimientos y moverse para neutralizar la prédica de los sindicalistas. Confusión de roles: las funciones de un ministro son políticas antes que técnicas. Lo que debía hacer era configurar un escenario propicio para la discusión.

Los gremios lo corrieron con la vaina, sacudiendo fantasmas y versiones, pues no hay siquiera proyecto de reforma del Estatuto.

Este fracaso personal, hijo de la impericia o la ingenuidad, se proyectó a una marcha contra el Gobierno y una encerrona: la Intersindical exige paritaria salarial en un contexto económico general lindero a la catástrofe. 

El blindaje

Las reacciones sindicales marcan la cartografía del paisaje político catamarqueño y explican por qué el Gobierno se abstuvo de incluir la reforma laboral en la encomienda de decretos que envió a suscribir a la Legislatura. Avanzar sin consensos mínimos sobre la situación de los empleados públicos equivale en Catamarca a un suicidio político. Sería regalarle a la oposición un electorado determinante.

La secretaría de la reforma apunta a encausar la discusión, que abarcará el Estatuto Docente, por canales razonables y una señal hacia los agentes del Estado en línea con las declaraciones de que sus derechos no serán perjudicados. Que el organismo sea instaure en el Ministerio de Gobierno, que comanda Jorge Moreno, refuerza esa interpretación: es la cartera política y el nexo con los poderes Legislativo y Judicial.

El objetivo es aventar los temores que cundieron entre los empleados públicos, docentes incluidos. Se sancionará una “ley marco” y en la secretaría se discutirá la circunstancia de cada área. 

Es un debate ambicioso, de largo alcance, que apunta también a preservar al Gobierno de las turbulencias políticas que cobran fuerza a nivel nacional por la reactivación de la grieta. La cápsula que el confinamiento formó en torno al Gobierno nacional, del que el provincial es aliado, empieza a mostrar severas fisuras en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y las proyecciones del descontento con la extensión de la cuarentena sobre el escenario electoral, con una economía destrozada, inquietan. 

No es solo el cuero de Alberto Fernández el que se pondrá en juego en el plebiscito que son las elecciones de medio término. La oposición cifra sus expectativas futuras en el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el kirchnerismo, en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La evolución de estos escenarios es incierta. El gobernador Jalil busca inmunizarse ante eventuales repercusiones inconvenientes en la arena catamarqueña. 

Tranquilizar al susceptible electorado de la administración pública restringe el campo de acción de sus antagonistas, que también observan los movimientos de sus socios a nivel nacional. 
 

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