CARA Y CRUZ

Se reactiva la política

sábado, 2 de mayo de 2020 · 01:04

Una serie de decretos y el anuncio de una ley de Emergencia Económica y Financiera en el mensaje a la Asamblea Legislativa del gobernador Raúl Jalil marcaron el final de la cuarentena política, anticipado a la sanitaria. La oposición despertó de su letargo y salió con términos muy duros, que no había empleado antes, a denunciar una pulsión “dictatorial”  que el mandatario pretendería desarrollar al cobijo de la pandemia.
Independientemente de los decretos, que serán girados al Parlamento para su aprobación o rechazo, la médula del primer informe de gestión de Jalil estuvo en las facultades extraordinarias que pedirá para administrar los recursos públicos, incluidos los humanos, en lo que resta del año de la pandemia. Entre esas prerrogativas está la “movilidad laboral” que en un principio iba a operar vía decreto.


El modelo es la ley que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, impulsó en su distrito. El Poder Ejecutivo se hace de potestades para acondicionar el gasto público a las necesidades sanitarias que él mismo defina.
Jalil busca legitimar sus movimientos en tal sentido, darles mayor consistencia política. En rigor, lo que el proyecto persigue es menos atender demandas sanitarias que obtener herramientas para maniobrar en el desolador escenario económico que dejarán la peste y las medidas que debieron tomarse para prevenirla.
El párrafo clave del informe a los tribunos fue: “Tengo confianza en que cada crisis debe ser una oportunidad, y esta es una gran oportunidad para reformar el Estado y tener un sector público más eficiente que ayude al sector privado a traccionar hacia el crecimiento”. 
Planteado este objetivo, omitió profundizar en la propuesta que enviará para escrutinio de los legisladores, si bien algunos detalles del decreto que se preparaba para la movilidad laboral fueron informados en su momento por El Ancasti. 
La ley Rodríguez Larreta marca un norte, de todos modos.

Con el fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los recursos públicos”, el Gobierno podrá modificar la distribución funcional y por objeto de gasto de sus partidas presupuestarias e “incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital”, para “reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria, como así también la difusión y concientización de la población en tal sentido y dar respuesta a los efectos que la situación de emergencia económica produzca”. 
El Ejecutivo concentra la administración de fideicomisos y remanentes de fondos, y queda facultado para “suspender o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas, salvo los orientados a la asistencia social. Esto incluye los recursos nacionales de asignación específica.
También podrá revisar y eventualmente anular compras y contrataciones de cualquier tipo celebrados antes de la entrada en vigencia de la ley.


El punto más urticante, que ya puso en alerta a los sindicatos, es el referido al personal. Se congelan las designaciones –obvio-, pero podrán disponerse “pagos escalonados y diferidos” de salarios “priorizando a las personas que perciben menor remuneración”.
La reactivación de la discusión política, en Catamarca y a nivel nacional, coincide con el deterioro de la burbuja que mantuvo altos los niveles de consenso político en torno a los gobernantes en el pico del terror al virus. Aunque este miedo no termina de diluirse, cobra fuerza otro: a los devastadores efectos económicos del confinamiento. n

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