jueves 28 de marzo de 2024
EDITORIAL

Mucho pedir

Por Redacción El Ancasti

Después de más de dos décadas de funcionamiento y habiendo pasado siete gobiernos de distintos signos políticos –contando al actual- nadie duda de que la Oficina Anticorrupción (OA) no es, como debería ser, un organismo con independencia política para cumplir su cometido, que es investigar los actos de corrupción que se cometen en el ámbito del Estado nacional

El último escándalo que la involucra tiene que ver con la decisión tomada esta semana de retirarse de la acusación contra Cristina Kirchner y sus dos hijos en dos expedientes, Hotesur y Los Sauces. Los argumentos sostenidos para justificar la medida, elevados al tribunal encargado de llevar adelantes los juicios, incorporan algunos elementos técnicos, como por ejemplo que la OA nunca debió ser querellante en esos casos por tratarse de delitos de lavado de activos, materia específica de la Unidad de Información Financiera, pero un análisis más sensato y profundo permite concluir que las razones de peso son más políticas que jurídicas.

Lo que se observa es que la Oficina Anticorrupción actual, en línea con los intereses del oficialismo, intenta desarmar las estrategias de la Oficina Anticorrupción del gobierno anterior, comandada por Laura Alonso, que puso todo su énfasis en investigar las causas que involucraban a funcionarios kirchneristas, desestimando o aletargando las investigaciones a funcionarios de Cambiemos.

En lo formal, la OA es un organismo cuyo propósito es virtuoso, y que consiste, básicamente, porque tiene otras funciones, en impulsar investigaciones sobre posibles hechos de corrupción cometidos en dependencias del Estado nacional. Pero para llevar a cabo ese cometido resulta imprescindible que quienes lo conducen tengan una absoluta independencia de los poderes políticos, y eso no ha sucedido hasta el momento.

El malogrado funcionamiento de esta oficina no es otra cosa que el fiel reflejo de la intromisión que el poder político tiene, por lo general, en temas judiciales, sobre todo en aquellos juzgados donde se ventilan causas por corrupción administrativa. Tanto el gobierno de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri han sido denunciados por impulsar este tipo de maniobras. 

Pedirle eficiencia y ecuanimidad en su tarea específica a la OA en un contexto en el que se observa constantemente interferencias en el trabajo judicial por parte del poder político, y, frecuentemente, permeabilidad inaceptable de jueces y fiscales, es, por lo menos, una ingenuidad. Lo que se necesita es que las instituciones de la República funcionan correctamente con el propósito para el que fueron concebidas. Pero parece mucho pedir. 

De no producirse transformaciones virtuosas en ese sentido, continuaremos en lo sucesivo asistiendo, ya sin estupor, a un Poder judicial y a una Oficina Anticorrupción oficialistas, no importa el signo político del gobierno, muy predispuestas a investigar a gobiernos anteriores y nada predispuestas a investigar a funcionarios del signo político idéntico al que está en ese momento en el poder.

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