CARA Y CRUZ

Los serruchos no atornillan

jueves, 9 de abril de 2020 · 01:03

La estampida de jubilados hacia los bancos y los sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación extienden dudas sobre la solvencia del sistema estatal comandado por el “Gobierno de científicos” para afrontar el escenario económico reconfigurado por la peste aún en curso. Venía muy escorado por el estancamiento y la inflación desde mucho antes del azote viral; la cuarentena, indispensable, lo aproxima a la catástrofe y brutalmente marca los límites conceptuales de una antinomia exitosa desde el punto de vista emotivo: no hay salud sin economía.
Las muchedumbres agolpadas en las delegaciones bancarias y el incidente en Desarrollo Social, salpicado por sospechas de corrupción, erosionan la figura del presidente Alberto Fernández y plantean como interrogante no tanto si el Gobierno está pensando en el modo de reactivar la economía aletargada, sino si lo está pensando de manera adecuada.


Hay coincidencia unánime en la necesidad de una inyección de liquidez, con el propósito de suministrar a la estragada pequeña y mediana empresa dinero contante y sonante para que pueda cubrir al menos sus costos fijos, empezando por los salarios. Preservar la salud pública requiere salvar al sector privado de la quiebra colectiva, fenómeno que agravaría la ya tétrico circunstancia social argentina con mayor desempleo, pobreza e indigencia.
La herramienta principal ideada para tal fin son los créditos a tasa del 24% que los empresarios medios deben gestionar en la banca. La impericia expuesta en el pago de jubilaciones y subsidios vía bancaria y en una compra de alimentos para asistencialismo legitima el escepticismo hacia el diagnóstico sobre el que se diseñó tal política. Concretamente: no es seguro que la pequeña y mediana empresa nacional a la que se pretende auxiliar con los créditos esté en condiciones de acceder a ellos. Si no lo está, la estrategia de financiamiento extraordinaria pergeñada por los científicos equivaldrá a empuñar un serrucho para colocar tornillos.


En su edición de ayer, El Ancasti reprodujo el artículo “El concepto de carpeta manchada”, del empresario y economista Gustavo Lazzari, publicado antes en Ámbito Financiero. Explica las dificultades de financiamiento estructurales que tienen las pequeñas y medianas empresas.
El Estado empezó a absorber las disponibilidades financieras con mayor énfasis desde 2017. De lo que queda disponible en la banca, a las pymes solo les tocan 15 de cada 100 pesos que se prestan. Las grandes empresas se llevan 30, las personas físicas, 55.
Esta distribución obedece a los inflexibles requisitos que los bancos exigen a pymes ya asfixiadas por la presión fiscal.
Son, dice Lazzari y los enumera, incumplibles para la inmensa mayoría. Basta no cubrir uno para “manchar” la carpeta de quien solicita un crédito.


“La necesidad de otorgar créditos inmediatos a las pymes se ha vuelto imperiosa. Los bancos no tienen ni interés, ni músculo para tratar este tema en medio de la pandemia, el teletrabajo y las inexorables manchas que las pymes tienen en sus carpetas”, consigna el  economista y advierte que el pago de los salarios es “la salvaguarda en la cuarentena”. A su criterio, los bancos no son intermediarios idóneos pata tramitar el financiamiento a las pymes y “la solución debe pasar por fuera del sistema bancario”.
O –esto ya no lo dice Lazzari- por una adaptación del sistema bancario que permita salvar las limitaciones estructurales del sistema.
El Gobierno reduce la tasa, pero no ha dado indicios de que haya contemplado mecanismos para no dejar a las empresas a expensas de las “carpetas manchadas”. Mucho menos de erigirse ante la banca, como está ocurriendo en Europa, en garante de los créditos de emergencia al sector privado, imprescindibles para evitar un apocalipsis económico.
Los serruchos no atornillan.

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