lunes 6 de febrero de 2023

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EDITORIAL

Silencios que aturden

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Por Redacción El Ancasti

Acostumbrada a la complicidad –por acción u omisión- ante malos procederes, conductas indecorosas e incluso la posible comisión de delitos, que es moneda corriente entre la dirigencia política, sobre todo si es entre dirigentes de un mismo partido, la ciudadanía catamarqueña debe haberse sorprendido, gratamente, por la reacción de las autoridades del radicalismo de Huillapima. Que, se estima con la anuencia de las autoridades provinciales de la UCR, condenaron el lamentable accionar del concejal Víctor Darío Hauy durante la jornada dominical. El edil, que pertenece al bloque FCS-Cambiemos, fue arrestado tras ser interceptado en dos ocasiones quebrantando la cuarentena y conduciendo en evidente estado de ebriedad.  

La voz cantante de la condena partidaria fue Pablo Ontivero, presidente del Subcomité Radical de esa localidad del departamento Capayán, quien sin embargo aclaró que no era posición personal sino de varios dirigentes: “junto a otros correligionarios acordamos que vamos a repudiar el accionar de Hauy, que va a contramano de lo que recomiendan las autoridades del municipio. Esto no ayuda para nada, es ilegal y muestra total desinterés por la salud de la población local”. Pidió, además, que el Concejo Deliberante “tome medidas”.

Los reflejos radicales para despegarse rápidamente del papelón, contrastan con la pasividad del justicialismo para repudiar las tropelías de Luis Polti, el intendente de Recreo que en menos de una semana maltrató y amenazó a una enfermera y violó groseramente la cuarentena, yéndose a pescar al dique de Motegasta.
Sin pronunciamiento oficial del partido, Polti apenas fue reconvenido por el gobernador Raúl Jalil y el ministro Jorge Moreno por el incidente con la trabajadora de la Salud, pero el silencio aturdió luego de que el jefe comunal de la cabecera departamental de La Paz fuese sorprendido con la caña en la mano y el cinismo a flor de piel. 

Los abusos santarroseños de Elpidio Guaraz, que no son solo de ahora sino históricos, tampoco han tenido, ni durante la cuarentena, cuando impedía el paso de camiones sojeros, ni en años anteriores, rechazos contundentes de parte de autoridades provinciales o partidarias, salvo algunos regaños menores o distanciamiento temporarios. 
Lo del radicalismo cuestionando a un concejal de su partido es bastante novedoso. Podría haberse pronunciado con contundencia contra el correligionario Enrique Aybar, intendente de la Puerta de Corral Quemado denunciado varias veces como abusador sexual. Pero no lo hizo. E incluso, a punto de ir a juicio, avaló su candidatura a la reelección.

Si las fuerzas políticas suponen que soslayando criticar a los dirigentes propios o haciéndole levemente, como si fuesen apenas niños traviesos, evitan costos políticos, es hora de indicarles que están equivocados. El costo político se paga si se protege a los que protagonizan tropelías o, peor, son acusados de cometer delitos. Y el acto de dignidad que la población sabrá valorar es condenarlos, aunque sean de la tropa propia.

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