jueves 28 de marzo de 2024
Editorial

Cien días para Alberto

Por Redacción El Ancasti

Antes de asumir como presidente de la Nación, Alberto Fernández endulzó los oídos de los gobernadores –los de origen justicialista, claro- anunciándoles que el suyo iba a ser un “Gobierno de los gobernadores”. La promesa era necesaria: durante las gestiones de Cristina Kirchner la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales fue cordial y de alineamiento provincial en algunos pocos casos (la que mantuvo con Catamarca se encuentra en este grupo), con altibajos en la mayoría, y tensa en otros.  

No hubo, al menos entre 2007 y 2015, un gobierno de los gobernadores. Es más, la mala relación entre la expresidenta y, por ejemplo, los gobiernos peronistas de Córdoba, tuvieron una repercusión muy negativa para el kirchnerismo desde el punto de vista electoral.

La promesa de Alberto de hace unos meses no se ha cristalizado por ahora. Y eso ha empezado a preocupar a los que comandan las provincias. Remarcan que el presidente hace un mes y medio que ni siquiera visita el interior del país –su última vista fue el 8 de enero a Chaco, donde compartió actividades oficiales con uno de los gobernadores peronistas de mayor peso, Jorge Capitanich.  

La incidencia que los gobernadores esperan tener en el Gobierno nacional significará un contrapeso formidable que los presidentes no suelen admitir.

Entienden los gobernadores que marzo será el mes clave para la definición del verdadero perfil de Gobierno de Alberto Fernández. Por eso estarán muy atentos al contenido del mensaje que dará a la asamblea legislativa dentro de poco más de una semana.
Durante marzo, también, se sabrá si las negociaciones por una mejora en las condiciones de pago de la deuda pública serán exitosas o no. Las señales emitidas por el Fondo Monetario Internacional en los últimos días parecen ser en ese sentido auspiciosas.

Ahora bien: ¿Qué significa que el de Alberto Fernández será “un Gobierno de los gobernadores”. Está claro que los primeros mandatarios provinciales entienden que esa definición implica que sus opiniones serán, aunque obviamente no vinculantes, al menos tenidas en cuenta en Casa Rosada. Pero no menos importante para las provincias es el aspecto económico de esa definición. Las expectativas se vinculan con que el envío, desde el gobierno federal, de recursos corrientes o ayudas extraordinarias de distinto tipo, discrecionales éstas, que garanticen a los mandatarios provinciales la gobernabilidad de sus respectivos distritos.

Pero la incidencia que los gobernadores esperan tener en el Gobierno nacional significará un contrapeso formidable que los titulares del Ejecutivo nacional no suelen admitir. Habrá que ver si Fernández prioriza el apoyo político que significa una buena relación con las provincias o un margen de autonomía de decisión mayor, sin el contrapeso mencionado.
Por ahora, y hasta que haya precisiones sobre las negociaciones en torno a la deuda pública, el Gobierno nacional solo atendió emergencias, pero no arrancó su verdadera gestión. Los gobernadores esperan, por ahora, con relativa paciencia y le han otorgado los 100 días que suele definirse como un plazo razonable para que los gobiernos recién asumido “se acomode”. Pero ese plazo empieza a terminarse.n
 

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