domingo 7 de julio de 2024
EDITORIAL

Por qué no la pena de muerte

Por Redacción El Ancasti

El terrible femicidio de Abigail Riquel, ocurrida en Tucumán en octubre, que derivó en otro homicidio, el del presunto asesino de la niña en manos de una multitud, disparó algunas voces que solicitaron un endurecimiento de las leyes penales para este tipo de delitos aberrantes y hasta la incorporación, en el Código Penal argentino, de la pena de muerte. Esta última solicitud la hizo una dirigente con una importante representación institucional: Ignacio Jarsún, vicepresidente de la Legislatura de Salta, no se sabe si por convicciones propias o para ganarse la simpatía de algunos sectores de la sociedad que proponen castigar a los asesinos asesinándolos, si no es a través de los linchamientos, mediante mecanismos que conviertan al propio Estado en el verdugo.
La larga tradición de la legislación penal argentina y de la mayoría de los países del mundo no admite esta figura por muy fundadas razones. De hecho, son cada vez más las naciones que la van aboliendo.

Las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos enumeran varias razones que explican por qué la pena de muerte no es ni moralmente, ni en la práctica, una herramienta apropiada.

La pena de muerte viola el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, del que goza hasta el peor de los delincuentes, y no puede la sociedad delegar en el Estado la misión de acabar con la vida de las personas. Sí puede el Estado, y debe hacerlo, proteger a la sociedad de los individuos peligrosos, y para eso existen penas de reclusión perpetua.

La pena de muerte, además, entraña el peligro de la ejecución de personas inocentes. Hay múltiples antecedentes de personas ejecutadas que, según investigaciones posteriores, no habían cometido ningún crimen. No hay posibilidad, en consecuencia, de reparar la injusticia.

A diferencia de lo que suponen sus mentores, la pena de muerte no ha tenido jamás efectos disuasivos, según lo demuestran con datos precisos investigaciones realizadas en países que alguna vez admitieron o aún admiten este tipo de castigos. Solo un ejemplo: Canadá disminuyó en tres décadas un 30% el índice de asesinatos desde que la aboliera en 1986. Sucede lo mismo con la falsa creencia de que el endurecimiento en general de las leyes penales contribuirá a disminuir los delitos. La experiencia de muchos países, incluido Argentina, demuestra que la mayoría de las veces eso no sucede.

Además, la pena de muerte, que perpetúa el círculo vicioso de la violencia, es un castigo que a lo largo de la historia ha recaído casi unánimemente en pobres, que no tienen recursos para defenderse adecuadamente en tribunales.

Los intentos de imponer la pena de muerte van, en definitiva, en contra de la tendencia nacional e internacional que procura resolver los conflictos sin violencia y de una manera más humanitaria, sin que ello implique renunciar a la misión indelegable de los Estados de castigar a los culpables de las violaciones a las leyes penales.

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