EL MIRADOR POLÍTICO

Clientelismo educativo

domingo, 22 de noviembre de 2020 · 01:04

La prudente reacción de los sindicatos docentes a la confirmación de que el sistema educativo ha sido utilizado como herramienta clientelar es reflejo de autoconservación. Es inverosímil que dos mil incompatibilidades, acumuladas vaya a saberse desde cuando, se hayan perpetrado a sus espaldas, sin contar al menos con el consentimiento de su indiferencia. Son copartícipes, por no decir cómplices, de la degradación.
Las anomalías fueron verificadas por el Tribunal de Cuentas. Hay personas con mayor carga horaria de la permitida, jubilados prestando servicio, docentes contratados para realizar otras tareas en el ámbito de Educación, o con puntajes excedidos porque tienen cargos en otra jurisdicción, nacional o municipal. Las más graves son las de docentes capitalinos del Nivel Superior designados en IES del interior que nunca prestaron servicio.
Nancy Agüero, secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos, aprovechó para recordar que su gremio denunció los sobresueldos que cobraban funcionarios del Ministerio de Educación, que se desembolsaban en forma de horas institucionales.
"Indudablemente confirma que Educación siempre fue una bolsa de trabajo, que sirvió para que diversos ministros puedan ubicar a los militantes. Esto es en consecuencia de que las designaciones fueron hechas por fuera de lo que eran las juntas de clasificaciones y sin el listado de orden de mérito correspondiente, sino teniendo algún tipo de contacto o militancia, todo en detrimento de la carrera docente. Hubo muchas violaciones de las leyes específicas del sector docente y ante la falta de actualización de las normas se producen vacíos legales que se aprovechan para designar gente en forma indebida", dijo.
Otros sindicalistas se pronunciaron más o menos en el mismo sentido. Todos coincidieron en culpar exclusivamente a los funcionarios de Educación y exigieron, obvios, investigaciones a fondo para deslindar responsabilidades.

Hipótesis contra datos
Las convenientemente cuidadosas consideraciones de la fauna sindical tuvieron como correlato en las redes sociales, ecosistema propicio para las catarsis, expresiones indignadas menos por los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas que por su difusión, que atribuyen a la intención de erosionar la educación pública.
Lo hipotético de estas conspiraciones contrasta con lo concreto del perjuicio que han provocado y provocan a la tan necesaria educación pública la aplicación de métodos como los que el Tribunal de Cuentas acaba de constatar.
Los recursos que se van por el resumidero de las incompatibilidades, en particular los destinados a solventar “ñoquis” y asesoramientos superfluos, faltan al momento de mejorar condiciones laborales y salarios para que reunir un ingreso honesto y suficiente con el ejercicio de la profesión docente no demande completar jornadas tan maratónicas como extenuantes.
Es indefectible que lo ideológico gravite sobre la percepción de la realidad. De ahí que convenga, cada tanto, revisar las categorizaciones ideológicas para determinar si lo que en algún momento fue útil para interpretar los acontecimientos no solo ha dejado de serlo, sino que distorsiona tales percepciones y dificulta la construcción de soluciones.
Una auditoría como la realizada por el Tribunal de Cuentas parece adecuada como punto de partida para abordar un debate serio sobre la crisis educativa. Ha venido a afirmar lo sistemático de procedimientos sobre los que sobraron indicios.
Coinciden los resultados, además, con un análisis desplegado hace más de un año por el director del Centro de Estudios de la Educación de la Universidad de Belgrano, Alieto Guadagni, quien concluyó que la decadencia del sistema educativo “es consecuencia de decisiones políticas que convirtieron a la educación pública primaria y secundaria en engranaje del clientelismo”.


Furia mal dirigida
“Argentina es uno de los países que más presupuesto destina a la educación, al mismo tiempo que exhibe los sueldos docentes más bajos. En lugar de jerarquizar la carrera docente, se prefirió incrementar el número de cargos, de modo que, mientras en el resto de los países de América Latina hay entre 18 y 20 alumnos por docente, en la Argentina hay 12”, señaló Guadagni.
Es ilustrativo que los sindicatos docentes catamarqueños, que no dijeron una palabra sobre las consideraciones del académico en su momento, se expresen en la misma línea ahora que una auditoría los deja expuestos en su prescindencia. Capaz que Guadagni sea un mefistofélico neoliberal a sueldo del imperio, pero el caso es que en aquellas reflexiones destacó a Catamarca como un caso extremo del fenómeno que describía, con 6 alumnos por docente.
El crecimiento exponencial de los planteles docentes en el sector público es correlativo a la fuga de matrícula hacia el sistema privado.
Un informe del CEA publicado en 2018 marcó una reducción del 12% en la matrícula de alumnos primarios estatales entre 2003 y 2015. En el mismo período, los cargos docentes aumentaron un 19%. El caso catamarqueño superó todas las marcas: la matrícula pública cayó un 22,27%, pero el plantel docente creció casi 42%. En contrapartida, la matrícula de las escuelas privadas subió 27% y la cantidad de cargos docentes, 23%.
Tamaño desplome de la educación pública, acentuado durante la pandemia, con consecuencias muy gravosas, se desarrolló a la vista indiferente de unos gremios empecinados en circunscribir y subordinar toda discusión a lo salarial.
En las manifestaciones indignadas de los docentes cunde lo autorreferencial: que trabajan a destajo por chirolas, que no se les pagan horas adeudadas durante meses y hasta años, que los pizarrean en los concursos para acomodar entenados.
Estos padecimientos son consecuencia de una complicidad corporativa entre gremios y autoridades educativas. Acaso sería más productivo evaluar si la furia no está mal dirigida y hasta qué punto es funcional para que los responsables del fracaso continúen usufructuándolo.

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