CARA Y CRUZ

Cáceres, por puntos

viernes, 20 de noviembre de 2020 · 01:02

El archivo del pedido de juicio político contra dos de los miembros de la Corte de Justicia que se mantienen desde las gestiones radicales es un triunfo de José Ricardo “Pepe” Cáceres, uno de los sindicados en el planteo interpuesto por el abogado peronista Eduardo Andrada. Por puntos, debido a que la mayoría simple, insuficiente para abrir el proceso en contra suya y de Amelia Sesto de Leiva, le alcanzó sin embargo al oficialismo para evitar el nocaut durante más de dos años, a lo largo de los cuales los interesados intentaron capturar los votos que les permitieran el desplazamiento. Los aplastantes resultados de las elecciones del año pasado no bastaron para conformar mayoría calificada en la Cámara baja.
El ministro tiene derecho a anotarse la victoria porque asumió personalmente su defensa en el terreno de la opinión pública.
¿A qué redundar en los trillados detalles leguleyos? Contra el artículo de la Constitución provincial que prohíbe a los jubilados ocupar puestos públicos, Cáceres esgrimió la sentencia que lo declaró inconstitucional, para gran parte del peronismo amañada.


Afortunadamente, el tuétano de los argumentos jurídicos se agotó pronto. Los entreveros técnicos entre abogados suelen ser más aburridos que chupar un clavo para los legos. La polémica entró en terrenos más entretenidos, con el intercambio de ironías y chicanas entre Cáceres y sus objetores, con altos picos de ingenio en los asaltos con el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Augusto Barros.
La derrota del anticacerismo, conformado por una parte del bloque oficialista y colegas de Andrada afines al peronismo que abrigaban expectativas de ocupar los casilleros de la Corte que quedarían vacantes en caso de que el juicio político prosperaba, empezó a prefigurarse con mayor claridad cuando el acusado intimó a la Cámara de Diputados a que tratara el tema, por considerar la incertidumbre a la que se lo sometía lesionaba su buen nombre y honor.
Desde ese momento, los promotores del juicio político quedaron contra las cuerdas, reducidos a rechazar sistemáticamente los planteos del FCS-Cambiemos para resolver un asunto que ya contaba con tres despachos de la comisión.


Es difícil confirmar si hubo gestiones para quebrar la integridad de la representación opositora para obtener los tres votos que faltaban.
Es incontrastable, en cambio, que la ofensiva de Cáceres abroqueló al radicalismo y sus socios como ningún otro asunto lo había hecho hasta ese momento.
El juez bien podría haber esperado que el expediente perdiera estado parlamentario por mero paso del tiempo, pero eligió protagonizar la pelea.
Toda la oposición asumió la causa Cáceres como propia, no solo el castillismo, con un ingrediente adicional clave: le sirvió para dar mayor verosimilitud a su prédica de que el Gobierno pretende colonizar la Justicia, sobre todo cuando concatenaba la arremetida con las dos ampliaciones del número de miembros del tribunal tras las cuales incorporó ministros de indiscutible identidad peronista.


De ahí que fuera mucho más arduo conseguir socios para el empeño enjuiciador a pesar de las internas que puedan atravesar los opositores. Ya no se trataba de Cáceres, sino del Poder Judicial: acompañar al bloque oficialista equivalía a un suicidio político y, por lo tanto, la única explicación plausible para tal actitud era el soborno.
El Gobierno, por su parte, tampoco tenía interés en pagar los costos de una maniobra tan escandalosa, de modo que bajó línea para que los diputados se allanaran a la derrota y se conformaran con la catarsis testimonial en el recinto, al filo del vencimiento de los plazos reglamentarios.
Cáceres, por puntos, entonces. Al más eficaz estilo saadista: con paciencia y mala intención.

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