EDITORIAL

Trabajo por hacer

jueves, 19 de noviembre de 2020 · 01:35

Cuando un nuevo proyecto para el aborto legal está a punto de debatirse en el Congreso de la Nación, hay todavía, increíblemente, cinco provincias –cuatro de ellas del norte argentino- que no cuentan ni siquiera con protocolos o guías que permitan garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

Esas provincias son Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y San Juan, y hay otras, entre las que se encuentra Catamarca, que si bien tiene protocolos, éstos deben ser actualizados. El diagnóstico de la situación la confeccionó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en base a un relevamiento realizado jurisdicción por jurisdicción.
Actualmente, antes de que se apruebe el proyecto recientemente presentado, una mujer tiene derecho a la interrupción legal del embarazo en algunas situaciones específicas: si proviene de una violación o representa un peligro para su salud o su vida. La norma tiene ya casi un siglo de vigencia, pues deriva del artículo 86 del Código Penal, ratificado en 2012 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En aquel fallo la Corte exhortó a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.

En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró y publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) con el fin de estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. En el documento se establecía con claridad que para interrumpir el embarazo, según las causales señaladas, no se necesita autorización judicial ni denuncia policial; que las víctimas de violencia sexual deben recibir en forma inmediata y expeditiva la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva; que los profesionales de la salud deben brindar a la persona gestante información oportuna, completa, comprensible y de calidad sobre las alternativas de atención y los distintos procedimientos disponibles para que pueda decidir sobre su cuerpo, entre otras indicaciones.

Catamarca se encuentra en el lote de provincias que adhirió al protocolo nacional de hace cinco años, pero no lo actualizó luego de los aportes realizados el año pasado mediante resolución del área de Salud, entonces Secretaría. Esa resolución establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso, debido a que todas las jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.

El pronóstico respecto de la suerte que correrá el nuevo proyecto de ley es incierto, como lo era cuando se debatió en 2018. Mientras tanto, hay trabajo por hacer. Urge la implementación efectiva de los protocolos para los abortos no punibles según los términos de la normativa, que, pese a que está vigente desde hace tanto tiempo, aun se siguen incumpliendo en muchos casos.

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